El acuerdo UE–Mercosur queda en suspenso tras el envío del tratado a la Justicia europea
El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, lo que paraliza su ratificación y abre un proceso de revisión legal.
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ingresó en una nueva etapa de incertidumbre luego de que el Parlamento Europeo resolviera elevar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con el derecho comunitario. La decisión, adoptada por una diferencia mínima, implica en los hechos la paralización del proceso de ratificación y podría extenderse durante un período prolongado.
La iniciativa fue aprobada con 334 votos afirmativos, 324 negativos y 11 abstenciones, tras un debate marcado por las profundas divisiones internas dentro del bloque. El planteo central apunta a determinar si el acuerdo, firmado recientemente en Asunción en lo relativo a sus aspectos formales, respeta los tratados fundacionales de la Unión y si el mecanismo legal elegido para su aprobación es válido.
Entre los puntos bajo revisión se encuentra la posibilidad de separar los capítulos comerciales de los institucionales, una estrategia impulsada ante la falta de consenso político. Ese camino generó fuertes resistencias, en particular de Francia, y ahora quedó sujeto a la interpretación del máximo tribunal europeo. También será analizada la legalidad del llamado mecanismo de reequilibrio y el impacto potencial del acuerdo sobre la autonomía regulatoria de la UE.
Desde la Comisión Europea expresaron su malestar por la decisión parlamentaria. El portavoz de Comercio, Olof Gill, sostuvo que “las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, y remarcó que no se trata de objeciones nuevas, ya presentes en otros tratados comerciales firmados por el bloque.
Más allá del plano institucional europeo, el contenido del acuerdo genera especial atención en la Argentina por las disposiciones vinculadas a pagos, transferencias y política cambiaria. El texto establece el compromiso de garantizar la libre circulación de pagos relacionados con operaciones de cuenta corriente en monedas de libre convertibilidad, lo que limita la aplicación de controles cambiarios amplios y permanentes. No obstante, contempla excepciones en contextos extraordinarios, como desequilibrios severos de la balanza de pagos o riesgos para la estabilidad macroeconómica, siempre que las medidas sean transitorias y proporcionales.
Según los plazos habituales del TJUE, una opinión de este tipo puede demorar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal tiene la facultad de acelerar los tiempos si lo considera necesario. Hasta tanto no haya un pronunciamiento, el acuerdo permanecerá virtualmente en suspenso dentro del ámbito europeo.
En el plano local, el presidente Javier Milei incluyó la aprobación del tratado en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el convenio también deberá ser ratificado por los parlamentos de todos los países miembros plenos del Mercosur para entrar en vigencia definitiva.
