El Gobierno fue intimado judicialmente por una resolución que desarma controles del INTI
ATE intimó al Gobierno para que anule una resolución que elimina funciones del INTI y transfiere al sector privado controles sobre instrumentos de medición.
El Gobierno nacional quedó formalmente intimado para dejar sin efecto la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una norma que redefine el esquema histórico de control público sobre instrumentos de medición y elimina funciones centrales del Programa de Metrología Legal, un área clave vinculada a la salud, el consumo y la seguridad.
La medida, publicada en diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que presentó una intimación judicial contra la administración de Javier Milei al considerar que la resolución implica un avance sobre la estructura del organismo y una transferencia de responsabilidades al sector privado.
La Resolución 213/2025 establece que el INTI dejará de prestar servicios regulados vinculados a la aprobación de modelos y a las verificaciones metrológicas, tareas que pasarán a manos de laboratorios y organismos privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). En los hechos, el organismo nacional dejará de intervenir directamente en controles que históricamente estuvieron bajo su órbita.
El retroceso del control estatal
Desde el gremio advirtieron que la norma afecta de manera directa al Programa de Metrología Legal, encargado de fiscalizar instrumentos como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros, cinemómetros utilizados para fotomultas e instrumentos médicos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el alcance de la decisión oficial y sostuvo que “el Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, al tiempo que afirmó que la resolución “encubre un claro intento de privatización”.
En esa línea, Aguiar remarcó que la eliminación de estas funciones no solo compromete la capacidad de control y fiscalización del Estado, sino que también pone en riesgo fuentes laborales en todo el país. Según datos del sindicato, al menos 147 trabajadores, distribuidos en distintas provincias, dependen directa o indirectamente de las tareas vinculadas a la metrología legal, la certificación, la aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración.
“Esta resolución no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población”, afirmó el dirigente sindical al difundir la intimación judicial, y agregó que la ausencia de controles estatales puede tener impacto directo en actividades cotidianas. “Parece increíble: nunca imaginamos llegar a un escenario en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”, expresó.
Además, el titular de ATE advirtió que la desarticulación del área tendrá consecuencias “graves y concretas” en el funcionamiento diario de numerosas empresas y que millones de personas podrían verse afectadas por la falta de supervisión pública en instrumentos de uso masivo.
ATE INTIMÓ AL GOBIERNO POR LA PRIVATIZACIÓN DEL ÁREA DE METROLOGÍA DEL INTI!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 19, 2026
La recientemente publicada Resolución 213/25 del INTI, que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, encubre un claro INTENTO DE PRIVATIZACIÓN. Es llamativo que sean atacadas… pic.twitter.com/q8YqCUAi68
Desde el Gobierno, en tanto, la resolución fue presentada como parte de un proceso de “modernización administrativa”, con el argumento de reducir demoras en los trámites y simplificar procesos productivos, mediante la participación de actores privados acreditados.
La normativa fija un cronograma escalonado para el cese de los servicios que hasta ahora prestaba el INTI: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) finalizarán el 31 de enero de 2026; en la mayoría de las provincias, el 30 de abril; y en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el 30 de junio de 2026. En este contexto, ATE anunció la realización de plenarios y asambleas para definir un plan de acción con el objetivo de lograr la derogación de la resolución.
