El Gobierno avanza con todo en la privatización de AySA y prepara el llamado a licitación
El Ejecutivo prepara el pliego para vender AySA, una empresa clave para millones de usuarios, en un proceso que reabre el debate sobre el rol del Estado.
Mientras acelera la reconfiguración del rol del Estado en áreas estratégicas, el Gobierno nacional se dispone a dar un paso clave en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas públicas habilitadas para su venta a partir de la sanción de la Ley Bases. En Casa Rosada aseguran que el lanzamiento formal del proceso es inminente y que el pliego licitatorio podría publicarse en las próximas semanas.
Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, el llamado para que operadores privados compitan por el paquete accionario de la compañía se encuentra en su etapa final de preparación. “Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, indicaron desde Presidencia, aunque evitaron precisar una fecha exacta. En el Gobierno estiman que el trámite podría concretarse antes de que finalice el primer trimestre del año, e incluso no descartan que ocurra durante febrero.
AySA, actualmente presidida por el ingeniero Alejo Maxit, aparece como una de las primeras empresas en las que la administración de Javier Milei busca avanzar de manera concreta. Los tiempos que se manejan son similares a los previstos para Belgrano Cargas y Logística, otra de las firmas incluidas en el listado de compañías sujetas a privatización. En esa misma nómina también figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Las reglas del juego para la venta de AySA
El marco legal que habilita la venta de AySA se consolidó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025, que autorizó la enajenación de la totalidad de las acciones en manos del Estado nacional. Actualmente, el Estado posee el 90% del capital social, mientras que el 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada, que pertenece a los trabajadores y se mantendría bajo la futura gestión privada.
De acuerdo con lo planteado oficialmente, la licitación contemplará la venta del paquete accionario mayoritario a un operador estratégico. “Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, explicaron voceros oficiales. La normativa establece que la operación debe incluir al menos el 51% de las acciones para garantizar el control efectivo de la compañía, mientras que el 90% funciona como tope máximo. El resto quedaría disponible para su adquisición en el mercado mediante un esquema de free float.
La supervisión del proceso está a cargo del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que preside el abogado Diego Chaher. Ambos organismos trabajan junto a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, encabezada por María Ibarzábal, en las últimas evaluaciones jurídicas previas a la publicación del pliego.
Desde el Ejecutivo aclararon que la licitación no estará limitada a empresas del sector específico de agua y saneamiento, sino que podrán presentarse compañías con experiencia acreditada en la gestión de servicios públicos en general. En ese marco, en los últimos meses varias firmas habrían manifestado interés a través de cartas de intención, aunque el Gobierno mantiene reserva sobre los nombres hasta la salida formal del pliego. Entre las compañías que aparecen en el radar figura la brasileña SABESP, junto a consorcios nacionales.
Una vez concretada la privatización, el control del desempeño de la empresa quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA). El primero tendrá a su cargo la fiscalización tarifaria, la calidad del servicio y la atención de reclamos, mientras que la segunda se ocupará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión, un aspecto central en una compañía que presta un servicio esencial.
Como paso previo a la privatización, el Gobierno aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, con el objetivo de “ordenar” la empresa y hacerla más atractiva para el capital privado. Las inversiones estatales previstas para ese lapso ascienden a $ 753.900 millones. En paralelo, se habilitó un esquema de aumentos tarifarios más agresivo que el aplicado durante la administración anterior.
Según el Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas de la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre abril y noviembre se realizaron transferencias de capital por $ 36.600 millones para infraestructura. En términos interanuales, la caída de las transferencias fue del 91%, explicada por el fuerte recorte respecto de los desembolsos realizados en 2025.
Otro de los movimientos relevantes fue la entrada en vigencia del Decreto 805/2025, firmado por el presidente Milei y todo su gabinete, que estableció un nuevo marco regulatorio para AySA. Entre los cambios introducidos, se habilita a la futura empresa a realizar cortes de suministro por falta de pago, una modificación que generó cuestionamientos por tratarse de un servicio público esencial.
AySA brinda servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en una amplia cantidad de municipios del conurbano bonaerense. Su área de cobertura incluye, entre otros, a La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, San Martín, Tigre, Morón, Merlo, Moreno y Vicente López. En ese contexto, el avance del proceso privatizador vuelve a poner en debate el rol del Estado en la garantía del acceso al agua potable y al saneamiento, y abre interrogantes sobre el impacto que podría tener el cambio de gestión en un servicio clave para millones de usuarios.
