Con rutas deterioradas y obras paralizadas, el Gobierno impulsa nuevas concesiones viales
En el marco de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, se licitarán rutas clave de Buenos Aires con impacto directo en la circulación y los costos de transporte.
El Gobierno nacional avanzó en las últimas horas con el proceso de privatización de tres rutas nacionales troncales que atraviesan la provincia de Buenos Aires y cumplen un rol estratégico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del inicio formal de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.
La nueva etapa del plan impulsado por la administración de Javier Milei prevé la licitación de 1.871,8 kilómetros de rutas nacionales, entre las que se destacan las rutas 3, 5 y 205. Se trata de corredores de alta circulación, clave tanto por su volumen de tránsito diario como por su función en la articulación productiva, social y logística del territorio bonaerense, con impacto directo en La Plata y su zona de influencia.
Según lo informado oficialmente, esta decisión se apoya en el esquema ya iniciado semanas atrás con la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que comprendió 741 kilómetros de rutas nacionales y cuyos contratos ya fueron firmados. Con ese antecedente, el Ejecutivo busca ahora ampliar de manera significativa el alcance del modelo concesionado mediante un nuevo llamado a licitación, cuyo pliego preliminar ya se encuentra disponible.
En esta segunda fase se incorporan tramos considerados críticos por su nivel de circulación y su peso regional. Las rutas nacionales 3, 5 y 205, que históricamente funcionaron como ejes de conexión entre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, forman parte de los corredores incluidos dentro de los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa.
Para los habitantes de la capital bonaerense, estas trazas tienen una importancia central. No solo pasan a menos de 100 kilómetros de La Plata, sino que además permiten vincular al área capital con amplias zonas del sur y del oeste provincial. Por ellas circulan diariamente vehículos particulares, transporte de cargas y servicios interurbanos, y su uso se intensifica durante los fines de semana y los períodos turísticos.
De acuerdo con el llamado a licitación, el objetivo de la contratación es amplio. Según detalla el Gobierno, se apunta a “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias”.
El esquema previsto implica que la gestión integral de estos corredores quedará en manos de empresas privadas durante el plazo que se establezca en los contratos, con el cobro de peajes como principal fuente de financiamiento. El modelo contempla además la ejecución de nuevas obras, mejoras sobre la infraestructura existente y la garantía de condiciones de transitabilidad y servicios asociados.
En cuanto a la división de la licitación, los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur concentran 1.325,15 kilómetros, mientras que el Tramo Pampa suma otros 546,65 kilómetros. En conjunto, la Etapa II representa uno de los procesos de concesión vial más extensos de los últimos años.
La inclusión de rutas clave para la provincia de Buenos Aires dentro de esta etapa marca un punto sensible en la política de infraestructura vial del Gobierno nacional. Al tratarse de corredores que conectan regiones productivas, centros urbanos y destinos turísticos, la privatización de estas trazas tendrá efectos directos sobre la circulación, los costos de transporte y la conectividad regional.
