Milei otorgó la concesión de las rutas 12 y 14 a una empresa imputada en la "causa Cuadernos"
Si bien el Gobierno nacional prohibió contratar a empresas condenadas por corrupción, el primer esquema vial concesionado quedó en manos de Cartellone, firma con múltiples expedientes judiciales abiertos.
El gobierno de Javier Milei firmó esta semana un decreto que impide que empresas involucradas en hechos de corrupción accedan a contratos con el Estado. Sin embargo, la primera concesión vial otorgada bajo el nuevo esquema oficial recayó en el grupo Cartellone, una compañía que está siendo juzgada por el pago de sobornos en la "causa Cuadernos" y acumula al menos diez causas en la Justicia.
La contradicción tomo estado público cuando el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, comunicó la adjudicación de las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos para el comercio del Mercosur. La concesión fue presentada por el Ejecutivo como un hito del nuevo modelo de obra pública financiado por privados.
Durante el proceso licitatorio, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) habilitó una línea de crédito destinada a los privados interesados en participar, lo que permitió a Autovía Construcciones y Servicios SA (empresa integrada por los mismos socios que conformaron José Cartellone Construcciones) imponerse frente a otras constructoras históricas. La empresa ofertó 3563 pesos, por debajo del valor de referencia fijado por el Gobierno, que oscilaba entre 3700 y 4300 pesos.
Importante ?
— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 6, 2026
? RED FEDERAL DE CONCESIONES ETAPA I
Hoy estamos firmando el contrato para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas de los Tramos Oriental y Conexión que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.
Estos…
En este marco, Cartellone, conducida por Alejandro Cartellone, fue adjudicataria de parte de los tramos licitados pese a que sus directivos están imputados por cohecho en la investigación conocida como causa Cuadernos. Al momento de la adjudicación, las autoridades nacionales estaban al tanto de la situación judicial de la empresa.
La explicación oficial se apoya en el alcance del decreto presidencial. La norma excluye únicamente a compañías que hayan sido sancionadas por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el listado de firmas inhabilitadas por esos organismos es reducido y no incluye a Cartellone ni a otras constructoras de peso en la Argentina.
Con ese marco normativo, el 7 de enero a la medianoche las rutas 12 y 14 pasaron formalmente a manos de los nuevos concesionarios. Ante la gravedad del deterioro vial, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acordó con el Gobierno nacional el inicio inmediato de obras, que comenzarían por la ruta 12.
En paralelo, el restablecimiento de los peajes permitió que las nuevas operadoras comiencen a recaudar antes de ejecutar obras.
Grupo Cartellone
Es un conglomerado empresario de origen mendocino con una extensa trayectoria en la construcción y la obra pública en la Argentina. En el actual esquema de concesiones viales participa en los corredores A, C y F a través de distintas sociedades vinculadas. Su empresa insignia, José Cartellone Construcciones Civiles S.A., opera desde hace un siglo y desarrolla obras de infraestructura de gran escala tanto en el país como en el exterior, con presencia en más de quince países de América Latina.
Además del negocio de la construcción, el grupo diversificó sus actividades en áreas como energía, concesiones viales, producción de pretensados de hormigón, siderurgia y biocombustibles elaborados a partir de caña de azúcar. La conducción empresaria está encabezada por Tito Biagini, uno de los principales referentes del holding.
En paralelo a su expansión económica, el grupo enfrenta un frente judicial abierto. José Cartellone figura entre los empresarios imputados en la causa Cuadernos, donde está acusado por el presunto pago de sobornos a ex funcionarios nacionales en el marco de la adjudicación de obra pública. Además de ese expediente, el holding acumula otras investigaciones judiciales vinculadas a contratos estatales y disputas administrativas.
