Mas de 600 mil autos circulan sin chapa patente: La privatización del sistema provocó un caos
La situación encarece los trámites y genera un verdadero dolor de cabeza para miles de conductores
Desde mediados de 2024, y tras la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la privatización del sistema de producción de chapas patente, miles de automovilistas quedaron atrapados en un limbo administrativo que aún hoy no tiene salida. Lo que el Ejecutivo presentó como una “modernización” en el marco de las políticas de eliminacion del Estado, terminó en un verdadero colapso que dejó a miles de autos sin dominio metálico, trámites rechazados en masa y costos que siguen creciendo sin que el servicio aparezca.
El caso de Carlos M., comerciante, es ilustrativo. Hace seis meses inició el trámite para reemplazar una chapa deteriorada que ya no cumplía con los requisitos de legibilidad. El resultado fue inmediato: la Verificación Técnica Vehicular (VTV) le fue rechazada y el expediente quedó paralizado. “Me dijeron que no me iban a dar la chapa. Ni siquiera una provisoria nueva: me sellaron la vieja y me la extendieron seis meses más”, relata.
Según pudo constatar este medio, la situación se repite desde que la Casa de la Moneda dejó de producir regularmente las patentes y el proceso fue transferido a proveedores privados, entre ellos Tönnjes Sudamericana, en un esquema que aún no logró garantizar abastecimiento ni plazos razonables. En ese traspaso, numerosos expedientes iniciados bajo el sistema anterior fueron directamente rechazados por los nuevos “verificadores”, obligando a reiniciar trámites desde cero.
María L., docente, atraviesa una experiencia similar. “Tengo el auto desde hace medio año con patente de papel. Nadie se hace cargo. En el registro me dicen que espere, pero mientras tanto pago seguro, patente y no puedo circular tranquila”, explica.
Los números reflejan la magnitud del problema. Distintas estimaciones del sector automotor y de registros indican que más de 600.000 vehículos circularon o circulan con dominios provisorios desde 2024. A eso se suma el impacto económico directo: hoy, solicitar un duplicado de patente cuesta alrededor de 25.000 pesos, con plazos de entrega que pueden superar los seis meses. Es decir, se paga más por un servicio que no llega.
La consecuencia no es solo administrativa. La falta de chapas metálicas afecta controles de tránsito, genera conflictos con aseguradoras, debilita la fiscalización y termina licuando la recaudación por infracciones en municipios y provincias. Todo esto mientras el Estado nacional se corre del problema y traslada el costo —económico y operativo— a los ciudadanos.
Jorge R., chofer de aplicación, lo resume sin rodeos: “Si me multan, ¿quién se hace cargo? Yo no tengo la culpa de que el Gobierno haya decidido privatizar sin garantizar nada. El auto es mi herramienta de trabajo”.
Lejos de resolver el faltante, la decisión política de desarticular el rol de Casa de la Moneda y delegar el sistema en privados profundizó el desorden. No hay cronograma claro de normalización, no hay respuestas uniformes en los registros y no hay un plan público que explique cómo y cuándo se terminará con las patentes de papel.
Mientras tanto, el negocio sí avanza: trámites que se repiten, aranceles que se cobran y usuarios que pagan por un derecho básico que el Estado dejó de garantizar. La privatización, en este caso, no trajo eficiencia ni soluciones. Solo más costos, más demoras y un sistema vial funcionando a medias. Eso si, con ganancias garantizadas que se multiplican para las empresas prestatarias a pesar de la falta de respuestas ya que los organismos de control brillan por su ausencia.
El colapso del sistema de producción de chapas patente es una muestra acabada del modelo liberal libertario de Milei, que solo busca ganancias (extraordinarias) para unos pocos, sin preocuparse en los mas mínimo por resolver los problemas.
