Los números en rojo del protocolo antipiquetes: Más de 2.600 heridos, un muerto y 491 detenidos
Un informe de la CTA Autónoma registró 103 represiones estatales a la protesta social desde diciembre de 2023 y advirtió sobre el aumento de la violencia estatal.
El Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma dio a conocer este martes un informe que da cuenta del impacto del protocolo denominado “antipiquetes” sobre la protesta social durante el gobierno de Javier Milei. Según el relevamiento, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se registraron 103 represiones estatales en todo el país, con un saldo de 2.615 personas heridas, algunas de extrema gravedad como el fotógrafo Pablo Grillo, un muerto, y 491 detenidos.
El informe se conoció luego de que la Justicia Federal dictara, la semana pasada, una resolución que puso un freno al protocolo impulsado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, actualmente senadora nacional, al considerar que se trata de un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta”. Sin embargo, tras la apelación presentada por la administración libertaria, la Justicia debió mantener en vigencia el protocolo hasta tanto se resuelva el planteo.
De acuerdo a los datos del Monitor, el Ministerio de Seguridad de la Nación fue el principal responsable de la represión a la protesta social. En ese marco, las fuerzas federales intervinieron en 52 protestas callejeras, en las que “hirieron al menos a 2.382 personas y se detuvo a 229 manifestantes”.
A escala nacional, el relevamiento advirtió que la violencia estatal “no se limita a cifras agregadas” y detalló consecuencias de extrema gravedad. Entre los casos incluidos figuran el asesinato de Facundo Gómez en Salta, ocurrido en diciembre de 2024 durante una represión de fuerzas federales; el caso de Pablo Grillo, en marzo de 2025; y al menos cinco manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo a la CTA Autónoma, estos hechos forman parte de “un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”, y advirtieron que muestran una tendencia creciente. Es que la comparación interanual indicó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, mientras que en los primeros diez meses de 2025 ya se contabilizaron 53 represiones y 1.452 heridos. Según el Monitor, este incremento representa “un aumento de aproximadamente un 25% en un período de tiempo más corto”.
En paralelo, el documento alertó sobre el avance de la criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el inicio del actual gobierno hasta octubre de 2025 se registraron 491 detenciones de manifestantes y miembros de organizaciones del campo popular. Solo en los primeros diez meses de 2025 se contabilizaron 321 detenciones, lo que representa un incremento del 88% respecto del total del año anterior. Del total de detenciones de 2025, 246 -el 77%- ocurrieron en el marco de represiones directas a la protesta social.
El Monitor también denunció la aplicación de detenciones prolongadas por más de 24 horas, una práctica que calificó como arbitraria e ilegítima. El informe consignó casos en Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes permanecieron privados de su libertad por períodos extensos sin causa justificada.
En ese contexto, la CTA Autónoma remarcó que el freno judicial al protocolo represivo resulta central frente a los conflictos sociales en curso, vinculados a despidos, recortes salariales y jubilatorios, la defensa de los recursos naturales, la reforma laboral y otras demandas sociales, mientras el Gobierno insiste en sostener el esquema represivo mediante la apelación judicial.
Preocupación de organismos internacionales
El denominado "protocolo antipiquetes" también fue cuestionado en el plano internacional. En enero de 2024, tres Relatorías Especiales de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Estado argentino alertando sobre las implicancias de la Resolución 943/2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró exhortaciones para que se respeten los derechos de reunión y asociación pacífica y, tras la represión del 12 de marzo de 2025, reclamó investigaciones prontas e imparciales por el uso excesivo de la fuerza.
En mayo de 2025, Relatorías de la ONU advirtieron sobre un grave deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023. Finalmente, en noviembre de 2025, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su “seria preocupación” por el protocolo y otras normas de uso de la fuerza, señaló la falta de límites claros para su aplicación y reclamó investigaciones independientes por las lesiones graves registradas, instando al Estado a adecuar su normativa a los estándares internacionales.
Con este antecedente, en diciembre pasado, Amnistía Internacional, junto a otros organismos de derechos humanos, presentó la acción de amparo que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del protocolo. En esa causa, el Ministerio Público Fiscal cuestionó la falta de fundamentos válidos del Gobierno para dictar la norma.
En la presentación, Amnistía señaló que, durante 2024 y 2025, se registraron al menos 2.557 personas heridas y un fuerte incremento de las detenciones en el marco de su aplicación, además de ataques reiterados contra trabajadores de prensa durante la cobertura de protestas.
