En silencio, Milei desfinancia la ley de interrupción del embarazo
La falta de insumos, la ausencia de campañas oficiales y el retiro del Estado nacional marcaron un cambio de rumbo en la política de aborto legal durante la gestión de Javier Milei.
Gracias a la militancia feminista, hace cinco años se logró la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, como ocurre con muchas leyes en Argentina, además de sancionarlas es necesario garantizar su cumplimiento. Hoy, ese derecho presenta fallas concretas en hospitales y centros de salud como consecuencia de los recortes impulsados por el Gobierno nacional.
No es una novedad que el Ejecutivo se manifieste en contra del aborto legal, por lo que el recorte en la provisión de medicamentos no resulta sorpresivo. De este modo, la responsabilidad recae en las gestiones provinciales, ya que el Ministerio de Salud de la Nación no garantiza ni la compra ni la distribución de insumos básicos como el misoprostol, necesarios para que la práctica se realice de manera segura.
Según datos relevados por Chequeado, el Ministerio no compró medicamentos para la IVE desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023. Esto se refleja en las cifras oficiales: en 2024 se registraron 79.182 interrupciones, un número sensiblemente menor al de 2023, cuando se contabilizaron más de 107 mil.
Frente a ese faltante, la responsabilidad vuelve a recaer en las provincias y en la decisión política de cada gobernador de garantizar la compra de los medicamentos, pese a que se trata de un derecho que debería estar asegurado para todas las personas en todo el territorio nacional.
Las diferencias entre jurisdicciones son claras. Mientras que en algunas provincias se registraron apenas un puñado de interrupciones, en la provincia de Buenos Aires se realizaron más de 42 mil prácticas durante 2024.
A la falta de insumos se suma otro factor clave: la ausencia de campañas de prevención y concientización. La información es central para garantizar el acceso a derechos, pero durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei no se impulsaron campañas oficiales vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
Sin modificar la ley, el Gobierno de Milei desarmó en los hechos una política pública que se había construido durante años. El aborto legal no fue derogado, pero dejó de estar plenamente garantizado. A cinco años de su sanción, el acceso al derecho depende cada vez más del lugar donde se vive, de la respuesta de cada provincia y de la posibilidad de pagar lo que el Estado nacional dejó de cubrir.
