La oposición se pone manos a la obra e intentará dar marcha atrás con los cambios en la SIDE
El Gobierno anunció varios cambios en la Secretaría que comanda Santiago Caputo desde las sombras. Las modificaciones le otorgan más poder y recursos. Desde bloques opositores denunciaron que la medida es antidemocrática e intentarán dar marcha atrás con la iniciativa.
Recientemente, el Ejecutivo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, dispuso cambios esenciales en la Secretaría de Inteligencia del Estado. La medida no estuvo exenta de críticas y rápidamente cosechó el repudio de varios sectores, que señalaron la decisión como arbitraria. Frente a este escenario, los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentaron un amparo para frenar el Decreto 941/2025.
En ese sentido, los diputados nacionales señalaron que los decretos de necesidad y urgencia deben dictarse en contextos donde el cambio a aplicar sea verdaderamente urgente. Según los legisladores, en la actualidad no existe ninguna razón que justifique que el Ejecutivo avance con estas modificaciones. A su vez, explicaron que el Gobierno está cruzando una línea, ya que el DNU legisla sobre materia penal, yendo en contra de lo estipulado en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Desde que el presidente Javier Milei lanzó el decreto, la decisión causó revuelo, ya que le otorga a la SIDE facultades que fueron duramente cuestionadas por diversos sectores. Entre los cambios, se estipula que, a partir de ahora, agentes encubiertos podrían arrestar a un ciudadano si así lo consideran. La medida fue fuertemente criticada por los diputados, quienes advirtieron que la normativa borra los objetivos que debe cumplir la Secretaría, vinculados específicamente a la seguridad del Estado.
“Subsumir en un único organismo todas las áreas de seguridad interior e inteligencia estratégica pone en riesgo el uso de las metodologías adecuadas para cada caso”, expresaron en el documento presentado. A su vez, indicaron que la Secretaría debe abocarse exclusivamente a cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado, y no a problemáticas internas que deben resolverse a través de otros mecanismos.
En el texto presentado por los diputados queda asentado el problema que plantean los cambios impulsados por el Ejecutivo, ya que se preguntan: ¿qué acción puede considerarse contraria al Estado? Según los firmantes, incluso una investigación periodística podría ser tomada como peligrosa para la protección estatal, o la actividad de dirigentes de la oposición, por lo que la medida resulta totalitaria y antidemocrática, además de ir en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En síntesis, de habilitarse este DNU estaremos ante un Estado que no vea al ciudadano como titular de derechos, sino como un sospechoso, cuando así convenga al organismo o a las autoridades del momento. Estas o las que vengan”, señalaron los diputados nacionales.
Actualmente, el titular de la Secretaría es Cristian Aguadras, quien responde políticamente a Santiago Caputo, encargado de comandar el espacio desde las sombras. Entre los puntos que mayor rechazo generaron se encuentra la habilitación para que los agentes de seguridad puedan aprehender a cualquier ciudadano si así lo consideran.
Además, entre los cambios se encuentra la creación de una nueva oficina que estará bajo la órbita de Manuel Adorni. Se trata del Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los cambios son varios, pero en síntesis se le otorga a la Secretaría, bajo la influencia de Caputo, una cantidad de recursos muy superior a la que tenía hasta el momento, junto con nuevas facultades que le confieren una jerarquía aún mayor en materia de seguridad nacional.
