Disolución exprés de la ANDIS: Milei la cierra tras audios, coimas y contratos sospechosos
El Ejecutivo anunció que absorberá el organismo en Salud tras meses de denuncias, audios comprometedores e investigaciones por contratos millonarios.
El Gobierno de Javier Milei confirmó finalmente la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que quedó en el centro de uno de los escándalos de corrupción más graves de la gestión libertaria. La decisión fue anunciada en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que todas las funciones de la agencia serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y que no se recortarán pensiones ni prestaciones para las personas con discapacidad.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir”, sentenció Adorni desde Casa Rosada, al tiempo que justificó la medida en la necesidad de “transparentar” el área, eliminar “capas burocráticas” y poner fin a lo que describió como un esquema de descontrol administrativo.
El anuncio llegó después de meses de crisis en la ANDIS, atravesada por denuncias de corrupción, filtraciones de audios comprometedores y una investigación judicial en curso en Comodoro Py. Sin embargo, en su exposición pública, el jefe de Gabinete evitó referirse de manera directa al escándalo que sacudió a la cúpula del organismo y prefirió enumerar una serie de supuestas irregularidades estructurales, como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, certificaciones médicas sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban sin prestar servicios.
Adorni insistió en que el cierre de la ANDIS permitirá administrar las políticas de discapacidad “de manera transparente, con mecanismos de control, trazabilidad de expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni absolutamente ninguna prestación”, aclaró, en un intento por desactivar el malestar generado en el sector durante todo el año por el ajuste y el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso.
Detrás del discurso oficial, la disolución de la ANDIS aparece inevitablemente ligada al caso que tuvo como figura central al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, exabogado y hombre de extrema confianza de Milei. Spagnuolo fue desplazado de su cargo el 21 de agosto, luego de la filtración de audios de WhatsApp en los que hablaba abiertamente de coimas, direccionamiento de compras y retornos vinculados a la adquisición de medicamentos e insumos médicos. En esas conversaciones se mencionaba a figuras de máxima cercanía al Presidente, como Karina Milei y dirigentes del entorno del clan Menem, aunque el Gobierno optó por el silencio absoluto frente a esas revelaciones.
La investigación judicial avanzó sobre un entramado mucho más amplio que excede la figura de Spagnuolo. Según la Fiscalía, entre julio de 2024 y agosto de 2025 la ANDIS canalizó más de 30.000 millones de pesos a través de “compulsas reducidas”, un mecanismo que limitaba la competencia y favorecía de manera sistemática a un grupo reducido de empresas. La causa expuso la existencia de lo que los investigadores describen como un “cártel de las cuatro droguerías”, integrado por Porfarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., que se alternaban en las adjudicaciones para simular competencia y concentrar el negocio.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, Porfarma y Génesis llegaron a controlar hasta el 93% de las compras de medicamentos realizadas por la ANDIS. A ese núcleo se suman otras firmas del sector salud y ortopedia, además de operadores externos que habrían cumplido un rol clave en el direccionamiento de contratos y el pago de sobreprecios. Entre ellos aparece Miguel Ángel Calvete, señalado como operadora del sistema, cuyos "cuadernos" detallan porcentajes, pagos y repartos que sugieren la existencia de una administración paralela de fondos públicos.
La causa también salpica a Ornella Calvete, hija del presunto jefe de la asociación ilícita y exfuncionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo. La joven se negó recientemente a declarar ante la Justicia y, durante un allanamiento a su domicilio, se secuestraron cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos en efectivo, sin que hasta el momento se haya justificado su origen. En conversaciones incorporadas al expediente, Ornella prometía a su padre comprarle “una Lambo, una granja, lo que quieras” si determinadas gestiones salían bien, en diálogos que refuerzan las sospechas sobre el nivel de impunidad con el que se movía la red investigada.
En este contexto, el cierre de la ANDIS parece menos una decisión planificada de reforma del Estado y más una salida de emergencia frente a un escándalo que se volvió políticamente inmanejable. Aunque el Gobierno insiste en presentar la medida como un avance hacia la transparencia, evita explicar cómo un organismo clave quedó durante meses bajo la conducción de funcionarios hoy investigados por corrupción, ni qué responsabilidades políticas existen más allá de los nombres ya desplazados.
Mientras la Justicia avanza y el Ministerio de Salud se prepara para absorber las funciones de la agencia disuelta, el interrogante central sigue abierto: si la disolución de la ANDIS será el punto final de una trama de corrupción o apenas un cambio de fachada para que todo continúe, esta vez, bajo otra estructura administrativa.
