Empleo en retroceso: 224 mil puestos menos y fuertes cuestionamientos a la reforma laboral
El proyecto oficial es cuestionado por su costo fiscal, el impacto en jubilaciones y salud y posibles retrocesos en derechos laborales.
La discusión en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma nuevos cuestionamientos en un contexto marcado por la caída del empleo registrado y el avance de la informalidad. Distintos análisis advierten que el proyecto oficial no solo no garantiza la creación de trabajo de calidad, sino que además genera un fuerte impacto fiscal, desfinancia al sistema previsional y de salud, y avanza sobre derechos laborales consolidados.
En ese marco, un informe elaborado por el equipo técnico del massismo plantea que cualquier reforma laboral debería tener como eje central la formalización del empleo sin desfinanciar al Estado. El documento sostiene que la generación de puestos de trabajo depende del nivel de actividad económica y no de la reducción de derechos laborales, y rechaza la lógica de la flexibilización normativa como mecanismo para dinamizar el mercado laboral. “La evidencia científica es contundente: el empleo de calidad se crea cuando la economía crece de manera sostenida”, señala el análisis.
Los números del mercado de trabajo refuerzan esa preocupación. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 224 mil puestos de trabajo asalariado registrado. El empleo privado explicó la mayor parte de la caída, con 138.600 puestos menos, mientras que el sector público perdió 60.500 trabajadores. A esto se suma un dato estructural alarmante: el 43,3% de los trabajadores en Argentina se encuentra en la informalidad, sin aportes jubilatorios ni cobertura de salud.
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto oficial es su costo fiscal. Según las estimaciones técnicas, la iniciativa implica un gasto mínimo de 5,6 billones de pesos, equivalente al 0,7% del PBI. El impacto recae principalmente sobre el sistema previsional, ya que se propone utilizar tres puntos de las contribuciones patronales para financiar despidos del sector privado a través de un Fondo de Asistencia Laboral, lo que reduce los aportes a la ANSES en un 16%.
Desde el análisis se advierte que esos recursos, unos 3 billones de pesos, podrían destinarse a otros fines, como incrementar en un 120% el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima, llevándolo a aproximadamente $154.000. En paralelo, la reforma también afecta al sistema de salud: la reducción de la contribución patronal a las Obras Sociales del 6% al 5% generaría una caída del 11% en sus ingresos, debilitando el Fondo Solidario de Redistribución.
El informe también alerta sobre vicios de inconstitucionalidad. El proyecto ingresó por el Senado pese a contener modificaciones impositivas, lo que contradice el artículo 52 de la Constitución Nacional, que establece que las leyes en materia de contribuciones deben originarse en la Cámara de Diputados.
En el plano laboral, se advierte un retroceso en derechos. Se cuestiona la posible violación del principio de no regresividad, la afectación del principio protectorio del derecho del trabajo y restricciones a la libertad sindical. A esto se suma la ampliación de la lista de “servicios esenciales”, con una prestación mínima obligatoria del 75%, y la creación de la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que exige una cobertura mínima del 50%, limitando de hecho el derecho a huelga.
Otro punto sensible es el tratamiento de los trabajadores de plataformas. El proyecto elimina la presunción de relación de dependencia para repartidores y conductores, obligándolos a inscribirse como monotributistas y a asumir por su cuenta los aportes jubilatorios y de salud, lo que, según el análisis, consolida esquemas de mayor precarización laboral.
En materia indemnizatoria, la iniciativa excluye premios y aguinaldo de la base de cálculo y habilita que las PyMEs puedan pagar sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, una medida que licúa el valor real de las indemnizaciones en contextos inflacionarios.
Frente a este escenario, la propuesta alternativa plantea revertir la pérdida de empleo registrado mediante incentivos a sectores estratégicos de la economía, beneficios fiscales para PyMEs, principales generadoras de empleo, la ampliación de licencias parentales y una actualización del sistema de formación profesional, incorporando contenidos vinculados a la inteligencia artificial y la robótica, como parte de una estrategia de desarrollo productivo de largo plazo.
