La derrota del gobierno que arrastró a CABA y a la Corte Suprema
Una maniobra del oficialismo para condicionar el apoyo a la derogación de dos leyes clave, terminó en fracaso y perjudicó directamente a la Capital Federal y al poder judicial federal
El Gobierno de Javier Milei sufrió este miércoles un duro revés en la Cámara de Diputados al fracasar su intento de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, apelando primero a tecnicismos y luego a la extorsión lisa y llana con algunos sectores como el gobierno de CABA y la Justicia Federal.
La derrota no sólo dejó en evidencia las limitaciones del oficialismo para imponer su estrategia legislativa, sino que además arrastró consecuencias institucionales inesperadas, ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó sin la actualización de la coparticipación ordenada por la Corte Suprema y el Poder Judicial perdió una mejora presupuestaria que había sido incluida como moneda de negociación.
En el comienzo de la sesión el gobierno logró al apoyo para votar la ley en particular por capítulos y no por artículos, como se hace tradicionalmente. De esta manera, y agrupando en un mismo bloque artículos de alto impacto social con otros de fuerte interés político para las provincias y aliados circunstanciales confiaba en hacer pasar el cuestionado artículo 75, incorporado a último momento, que proponía derogar de manera simultánea las leyes de discapacidad y universidades.
Para forzar su aprobación y durante la sesión, el Gobierno decidió sumar al mismo capítulo disposiciones sensibles, como el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena restituir fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y un incremento de 21 mil millones de pesos para el financiamiento del Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura. El mensaje implícito fue claro: quien rechazara la derogación de las leyes sociales también debía asumir el costo político de privar a su distrito o a un poder del Estado de recursos clave.
La maniobra fue presentada por el titular de la comisión de Presupuesto, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, y denunciada por el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, que calificó de "chantas" a los integrantes del oficialismo por intentar condicionar a algunos legisladores -por ejemplo los de CABA- para que la mejora de recursos es su distrito quede atada a la derogación de las leyes.
La jugada, sin embargo, terminó con un resultado en contra del oficialismo. Aunque el Presupuesto fue aprobado en general con 132 votos afirmativos, la votación en particular expuso el límite de la estrategia. El Capítulo XI fue rechazado por 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Con ese resultado, el Gobierno no sólo perdió la posibilidad de avanzar sobre las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, sino que también quedaron sin efecto los artículos referidos a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y el refuerzo presupuestario para el Poder Judicial.
Durante el debate, la oposición había advertido sobre el carácter forzado de la maniobra. Legisladores de distintos bloques reclamaron que la votación se realizara artículo por artículo para evitar que temas de naturaleza muy distinta quedaran atados en un mismo capítulo. “Votar por títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas. El oficialismo rechazó esa posibilidad: la reconsideración de la votación requería una mayoría agravada de dos tercios que no fue alcanzada.
El rechazo del Capítulo XI también bloqueó otros objetivos del Ejecutivo que generaban un fuerte rechazo social. No prosperó el intento de eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares, ni la restricción al régimen de subsidios al gas en las denominadas “zonas frías”. La votación consolidó, así, un freno legislativo a varias de las reformas más sensibles impulsadas por la administración libertaria.
Desde una lectura política más profunda, el resultado dejó expuestas las dificultades del Gobierno de Javier Milei para construir mayorías estables en el Congreso. La estrategia de forzar decisiones mediante paquetes indivisibles, lejos de disciplinar a la oposición, terminó unificando rechazos y amplificando el costo político. La derrota no sólo fue numérica, sino también simbólica: al intentar avanzar sobre derechos sensibles y mezclar esos objetivos con reclamos institucionales legítimos, el oficialismo terminó perdiendo todo el capítulo.
La Ciudad de Buenos Aires aparece como una de las principales damnificadas colaterales del fracaso. Al caer el capítulo completo, quedó sin efecto la actualización de los fondos de coparticipación ordenada por la Corte Suprema, una situación que reabre un conflicto fiscal de larga data entre la Nación y el distrito. Algo similar ocurrió con el Poder Judicial, que también vio frustrado el refuerzo presupuestario que había sido incluido en la negociación.
En definitiva, la sesión dejó un mensaje claro: la lógica de la presión y la “extorsión legislativa”, como fue definida por varios diputados, tiene límites concretos. El Gobierno logró aprobar el Presupuesto, pero pagó el costo político de una derrota estratégica que fortaleció a la oposición y dejó al descubierto las debilidades de su ingeniería parlamentaria.
