El debate por el acceso a las playas vuelve a instalarse en Mar del Plata
Públicas en los papeles pero privadas en los hechos, las costas de La Feliz son centro de la polémica en vísperas de una nueva temporada.
Con la temporada 2025/2026 a la vuelta de la esquina, en Mar del Plata vuelve a encenderse una polémica que se repite año tras año: la ocupación de las playas públicas por parte de los concesionarios privados, en una ciudad que disputa su principal atractivo entre el negocio y el derecho al uso común.
En La Feliz, los emprendimientos privados se disponen nuevamente a acercarse cada vez más a la línea de la costa, reduciendo de manera considerable el espacio disponible para turistas y residentes que buscan disfrutar de la playa pública. Una escena que se naturaliza cada verano, pero que choca de frente con la legislación vigente.
Si bien la cantidad de carpas y su ubicación están reguladas a través de concesiones otorgadas por la Municipalidad de General Pueyrredón, el avance del mar y las variaciones de la línea ribereña obligan a recalcular los límites permitidos para la instalación de estas estructuras. Sin embargo, en los hechos, ese control parece diluirse.
En ese sentido, el profesor Diego García Ríos fue claro y aportó el respaldo jurídico que la gestión local parece eludir. Según recordó en una publicación en sus redes sociales, los artículos 235, 237, 240 y 1974 del Código Civil y Comercial establecen que las playas, riberas y accesos al agua son bienes públicos, inalienables, inembargables e imprescriptibles. “Por esa razón, ningún emprendimiento privado puede impedir u obstaculizar el ingreso o el uso de esos espacios”, subrayó el docente.
El posteo fue acompañado por una imagen contundente que no necesita demasiadas explicaciones: filas interminables de carpas, reposeras alineadas como en un predio cerrado y pasillos que conducen al mar sólo después de pasar por caja. Una postal que desnuda la distancia entre la letra de la ley y la realidad cotidiana en la costa marplatense.
En una ciudad golpeada por las políticas de ajuste del gobierno nacional —con un turismo que no fue fomentado y una aerolínea de bandera que promociona viajes al exterior en lugar de fortalecer el mercado interno—, Mar del Plata parece asumir el rol de buen estudiante de la Casa Rosada. En los hechos, esa obediencia se traduce en un modelo donde las playas funcionan como privadas, aunque en los papeles sigan siendo públicas.
#CodigoBAIRES |Según la subsecretaría de Turismo de la provincia, Soledad Martínez, los niveles de ocupación están por debajo de los registros de 2023. Las sierras y el turismo rural concentran la mayor demanda.https://t.co/OA7446aCDR
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) July 18, 2025
Amplios sectores de la costa aparecen prácticamente copados por concesiones privadas, reduciendo la franja de playa pública a corredores mínimos, muchas veces mal señalizados y sin servicios. Bajo el discurso de la “puesta en valor” y la “explotación turística”, el municipio terminó avalando un esquema que prioriza la rentabilidad privada por sobre el uso social del espacio público.
Una ciudad en crisis y un espacio público en disputa
La discusión sobre las playas no puede separarse de la coyuntura política que dejó la salida de Guillermo Montenegro del Ejecutivo local. Tal como relató este medio, el ahora legislador provincial abandonó la intendencia en medio de una ciudad con problemas financieros, conflictos sociales latentes y una administración municipal debilitada, para refugiarse en una banca legislativa mientras Mar del Plata quedaba a la deriva.
En ese contexto de crisis fiscal y de gestión, el control sobre las concesiones y el respeto por el carácter público de la costa quedaron claramente relegados. Con un Ejecutivo local concentrado en apagar incendios presupuestarios y sostener el funcionamiento básico, el Estado municipal actúa cada vez más como un mero administrador de contratos que como garante de derechos.
Cualquier similitud con la gestión de Javier Milei no es pura coincidencia.
