La Justicia exige que Milei aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad
Luego de haberse negado a aplicar la ley, el Juzgado Federal de Campana ordenó la implementación.
La Justicia le dio un revés al Gobierno nacional con un fallo que ordena la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que desde su aprobación quedó a mitad de camino.
La ley pasó por muchas etapas. Primero se votó en las Cámaras, donde salió positiva. Luego el Gobierno vetó la ley, lo que implicaba que las Cámaras debieran rechazar la misma. En la última vuelta, los legisladores rechazaron el veto y promulgaron la ley.
El problema fue la aplicación de la misma, ya que el Gobierno señaló que, hasta que los legisladores no designen de dónde se van a sacar los fondos para la ley, no se va a efectuar.
Sin embargo, el Juzgado Federal de Campana ordenó la inmediata aplicación de la ley. El fallo tiene la firma del juez federal Adrián González Charvay.
Además de ordenar que se implemente, se invalidó el artículo 2° del Decreto 681/2025, por el cual el presidente había estipulado que el Congreso debía asignar de dónde iban a sacar los fondos.
El pedido vino de las familias que tienen personas con discapacidad a su cargo y contó con el apoyo de asociaciones civiles y prestadores. En el pedido, apuntan a que la falta de implementación va en contra del artículo 83 de la Constitución Nacional. A su vez, denunciaron que el Gobierno ocasionó que la crisis se profundice en el sector, afectando el sistema de prestaciones y la situación de instituciones, profesionales y familias.
El informe que presentaron las familias dio a conocer la realidad que atraviesa el sector. El sistema de prestaciones se encuentra congelado desde 2023, con una inflación que, hasta la fecha, es de 114,6%. Por otro lado, observan que los aranceles de las prestaciones tuvieron un aumento de 42,6%, lo que equivale a una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%.
El escenario tuvo consecuencias directas: cierre de instituciones que contienen a los chicos, interrupción de tratamientos y pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, para el Gobierno el equilibrio fiscal sigue siendo una de las prioridades más importantes, sin importar las consecuencias que tiene para el sector.
En el fallo, el juez fue claro: “Nada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiación que la Ley 27.793 le ha otorgado”, aseguró.
