La CGT marchará contra la reforma laboral
La central sindical decidió movilizarse a Plaza de Mayo el 18 de diciembre, en rechazo al proyecto del gobierno de Javier Milei que será tratado en el Senado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este jueves convocar a una movilización a Plaza de Mayo el jueves 18 de diciembre a las 15:00, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno buscará tratar la próxima semana en el Senado. La medida, que se replicará en todas las provincias, concluirá con un ruidazo masivo a las 20:00 en plazas y esquinas de los centros urbanos.
La decisión fue adoptada durante una reunión del consejo directivo que se extendió por más de dos horas en la sede de Azopardo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mitin reunió a más de cuarenta secretarios generales, incluidos los integrantes del triunvirato -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello- junto a Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros. El encuentro estuvo precedido por una reunión de mesa chica. Al finalizar, se anunció que habría una conferencia de prensa para detallar la modalidad de la protesta y el plan de acción.
Durante el encuentro, Sola sostuvo que en el Gobierno predominan “miradas con sesgo ideológico y no pragmático” y afirmó: “Vemos un país empobrecido, sin inversión”. Desde el triunvirato remarcaron la necesidad de “mostrar fortaleza” y continuar reuniones con gobernadores y legisladores.
Según el borrador que circula en el Poder Ejecutivo, la reforma laboral propone cambios en la Ley 20.744. Entre ellos, redefine la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y fija nuevos límites: el monto no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio, con un piso del 67 por ciento de ese valor. El texto también contempla la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con un aporte obligatorio del 3 por ciento sobre las remuneraciones que integran los aportes patronales al SIPA.
La iniciativa incluye restricciones a la actividad sindical. Exige autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo, incorpora el bloqueo de empresas como infracción grave y reduce a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados. Asimismo, limita la ultraactividad de los convenios: una vez vencidos, solo se mantienen sus cláusulas normativas y la autoridad laboral podrá suspender disposiciones que considere generadoras de “distorsiones económicas”.
El proyecto también incorpora el “banco de horas”, un esquema que permite redistribuir la carga laboral en función de las necesidades productivas de cada empresa.
