Reforma Laboral: el borrador que recorta derechos y amplía el poder empresarial
El boceto oficial avanza con topes indemnizatorios, flexibilización horaria y beneficios empresariales que preocupan a gremios y especialistas.
En medio de una creciente tensión con las centrales sindicales y mientras el oficialismo insiste en avanzar con cambios estructurales al mercado laboral, el Gobierno trabaja sobre un borrador ampliado que ya generó fuertes cuestionamientos. Aunque todavía no está definido el texto final, la propuesta revela una orientación clara: mayor flexibilidad para las empresas, límites más estrictos para las indemnizaciones y un reordenamiento de derechos que muchos sectores consideran regresivo.
Uno de los capítulos más controversiales es el referido a la registración laboral. El documento propone centralizar todo el proceso en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de eliminar el actual régimen de multas por empleo no registrado. Si bien la falta de registración seguiría operando como presunción favorable al trabajador en un eventual litigio, sindicatos y especialistas advierten que la eliminación de sanciones directas a los empleadores puede terminar facilitando el incumplimiento y debilitando la capacidad de control.
El borrador también incorpora un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a las empresas regularizar personal no registrado o mal registrado con amplios beneficios: condonación de deudas previsionales, multas e intereses; así como la salida automática del REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales). Para los gremios, lejos de incentivar la formalización, el esquema podría consolidar la lógica del “premio al infractor”, ya que otorga beneficios a quienes mantuvieron trabajadores en la informalidad hasta ahora.
Otro eje central es la transformación del sistema indemnizatorio. El texto redefine la base del cálculo, establece topes y fija un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, habilita a los convenios colectivos para reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral financiado por los empleadores. Desde el movimiento obrero alertan que este modelo “alivia a los empresarios” a costa de reducir la protección frente al despido arbitrario y trasladar el riesgo al trabajador.
El proyecto también apunta a modificar el artículo 212 sobre enfermedades y accidentes laborales, incorporando criterios más restrictivos para la reincorporación del trabajador y fijando modalidades diferenciadas de indemnización según el tipo de incapacidad. Para los sectores críticos, estos cambios podrían traducirse en una reducción de derechos en un ámbito especialmente sensible.
La reforma avanza también sobre los trabajadores de plataformas digitales, considerados “independientes”: Si bien se prevén obligaciones fiscales y ciertos derechos básicos, como rechazar pedidos o recibir explicaciones en caso de bloqueo, el esquema dista de reconocerlos trabajadores en relación de dependencia. Organizaciones del sector temen que esta clasificación consolide el modelo de “falso autónomo”, que deja a miles de repartidores y choferes con una cobertura mínima.
Otro punto que genera alarma es la habilitación del banco de horas mediante convenios. El borrador permite extender la jornada en determinados períodos y compensarla luego con descansos, sin pago de horas extra. Las centrales obreras sostienen que esto abre la puerta a la intensificación del trabajo y a una mayor discrecionalidad empresarial, especialmente en sectores con alta estacionalidad.
A esto se suma un cambio en la organización de las vacaciones: el descanso anual remunerado deberá otorgarse entre octubre y abril, con al menos 45 días de aviso, y se habilita el fraccionamiento del período vacacional. Aunque el Gobierno lo presenta como una herramienta de “flexibilidad”, los gremios advierten que podría derivar en cronogramas impuestamente discontinuos que dificulten la planificación familiar.
En la misma línea, el borrador impulsa la digitalización obligatoria de recibos de sueldo, documentación interna y registros de asistencia. Aunque promete simplificar trámites para las empresas, especialistas advierten que, sin un protocolo de seguridad sólido, la medida podría exponer datos sensibles y dificultar el acceso del trabajador a documentación clave en casos de conflicto.
Finalmente, el Gobierno propone una nueva fórmula de actualización de créditos laborales, basada en IPC más un 3% anual, y fija límites para causas en trámite, con el objetivo explícito de evitar indemnizaciones “superiores” a las previstas por la reforma. Para los sectores críticos, esto constituye una intervención directa sobre la Justicia laboral que busca reducir la compensación económica de los trabajadores.
Mientras el Ejecutivo sigue negociando con empresarios y un sector del sindicalismo más dialoguista, el borrador ya anticipa un escenario de fuerte disputa. Los gremios sostienen que la reforma apunta a “flexibilizar sin generar empleo” y que, lejos de modernizar las relaciones laborales, podría profundizar la precarización. El debate recién empieza, pero la línea que propone el Gobierno parece clara: menos regulación, menos costos para las empresas y un trabajador obligado a aceptar condiciones cada vez más inestables en un mercado que ya arrastra años de deterioro.
