Avanza la expropiación del Castillo de Cañuelas: ¿Qué destino tendrá el inmueble?
El Senado bonaerense aprobó el proyecto de la diputada del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti. El edificio se encuentra en estado de abandono y con riesgo de ser usurpado.
El Senado bonaerense aprobó la expropiación del inmueble conocido como el Castillo de Cañuelas, ubicado en las rutas 3 y 205. La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Ayelén Rasquetti, busca convertir el predio en una sede unificada de organismos judiciales, de seguridad y de tránsito.
Al respecto, Rasquetti señaló que la aprobación representa un paso clave para un proyecto que sigue desde 2022. “Estoy muy feliz por la aprobación porque es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace varios años. Ahora se abre una ventana de 120 días para que el Ejecutivo reglamente la Ley y, en el caso de que no se introduzcan modificaciones, quedará firme. Luego tiene que realizarse el juicio de expropiación”, afirmó. También indicó que la puesta en valor del edificio se financiará “con fondos del Poder Judicial”. El monto de la expropiación rondaría los 4 millones de dólares.
El proyecto tuvo un primer tratamiento en 2022, pero perdió estado parlamentario por falta de avance. Fue retomado en mayo de 2024 con acompañamiento de la intendenta Marisa Fassi y obtuvo media sanción en marzo de 2025. Finalmente, el Senado lo convirtió en ley el 28 de noviembre, con impulso de la senadora Sofía Vannelli.
El Castillo fue construido entre fines de la década de 1920 y comienzos de la siguiente por el industrial francés Gustave Artaux, fundador de la fábrica Finaco, dedicada a la producción de alimentos deshidratados como leche y huevo en polvo. Tras una expropiación durante el gobierno de Juan Domingo Perón y una posterior venta en la gestión de Arturo Frondizi, la propiedad pasó al empresario alemán Guillermo Woters, quien instaló allí la planta Imfasa, dedicada a materiales fotográficos, que quebró a fines de los años sesenta. Desde la década del ochenta, el inmueble pertenece a Nilda Aquino Arzamendia y a su hijo Martín Corsi.
El edificio, que cuenta con una superficie cercana a los 4.900 metros cuadrados, tuvo distintos usos y permanecía desocupado en los últimos años. Con la nueva ley, la Provincia prevé destinarlo a centralizar servicios judiciales y administrativos del distrito, en un punto estratégico de acceso a Cañuelas.
