Estatales en alerta: el 31 de diciembre vencen 70.000 contratos sin garantía de continuidad
Con casi 60.000 despidos acumulados y un nuevo recorte en agenda, ATE denuncia la falta de definiciones del Gobierno y convoca a un paro nacional el 9 de diciembre.
A medida que se acerca el fin de año, el clima en la administración pública nacional se vuelve cada vez más tenso. Organismos de todo el país enfrentan un escenario de máxima incertidumbre ante el vencimiento de decenas de miles de contratos y la posibilidad concreta de nuevos recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei, que ya acumula casi 60.000 despidos desde su llegada a la Casa Rosada.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Rodolfo Aguiar, advierte que el 31 de diciembre constituye un punto de quiebre para unos 70.000 empleados cuyos vínculos contractuales finalizan y que, hasta el momento, no cuentan con ninguna garantía de continuidad. “Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales”, enfatizó Aguiar al alertar sobre la magnitud del ajuste que se cocina en silencio en los despachos oficiales.
Las cifras oficiales muestran el alcance de la política de reducción del Estado aplicada durante estos dos años: entre empleo centralizado, organismos descentralizados, empresas estatales, fuerzas de seguridad y entes públicos, ya fueron desvinculadas 59.924 personas. Según datos del Indec, la planta estatal, incluyendo sociedades y empresas públicas, cayó de más de 350.000 trabajadores a mediados de 2023 a 285.570 en octubre pasado. Ese retroceso del 17% en el sector público nacional, lejos de aplacar las tensiones internas, precede a un nuevo objetivo: un recorte adicional del 10% durante los primeros meses de 2026 mediante no renovaciones, retiros voluntarios y jubilaciones.
Mientras el Gobierno proyecta profundizar el ajuste, los organismos descentralizados se perfilan como los principales blancos de las próximas medidas. Conicet, Indec, Oficina Anticorrupción, Anses, INTA, INTI, Enargas, Enacom, ENRE, ARCA y el Archivo General de la Nación figuran entre las dependencias que podrían sufrir reestructuraciones, reducciones o incluso cierres de áreas consideradas “redundantes”. A esto se suma la posibilidad de avanzar con la eliminación de registros automotores y la privatización de plantas de empresas estatales, iniciativas que agregan más incertidumbre al escenario laboral de miles de trabajadores.
El descontento en los sectores afectados se tradujo en nuevas manifestaciones. Esta semana, personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizó una protesta sobre la avenida General Paz tras la oficialización de la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición, uno de los brazos técnicos del organismo. La presencia policial derivó en momentos de tensión que reflejaron la creciente conflictividad en las dependencias técnicas del Estado.
URGENTE!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 3, 2025
COMENZARON LAS MEDIDAS SORPRESIVAS DE ATE CON UNA PROTESTA SOBRE LA GENERAL PAZ!!
El Gobierno está tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar. No aceptamos ajustes en el Estado ni recortes en nuestros salarios. Si se avanza en una reforma laboral… pic.twitter.com/gIW8DesEGl
Frente a este panorama, ATE resolvió adelantar para el 9 de diciembre el paro nacional acompañado de movilizaciones, originalmente previsto para coincidir con el tratamiento legislativo de la reforma laboral, y anunció que durante diciembre también se llevarán adelante medidas de fuerza sorpresivas. La decisión fue aprobada por unanimidad en el Consejo Federal del sindicato, celebrado en San Luis.
Aguiar, en ese marco, cuestionó duramente el rol del Consejo de Mayo al considerar que se convirtió en “una encerrona para el sindicalismo” utilizada por el Gobierno para “dilatar los tiempos”. Según expresó, las reuniones mantenidas con funcionarios nacionales “no han derivado en ninguna propuesta concreta”, lo que para el gremio confirma que el diálogo institucional “fracasó” frente al avance de los despidos y la precarización.
En este contexto, la organización sindical refuerza su postura en defensa de los trabajadores estatales, rechazando lo que considera una política de recorte indiscriminado que golpea especialmente a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado. El cierre del año se encamina, así, a convertirse en un punto crítico donde confluyen tensiones sociales, decisiones administrativas y miles de trayectorias laborales en riesgo.
