La Justicia frena el ajuste y ordena obras urgentes en la Ruta 34 tras meses de abandono

La política de freno total a la obra pública sufrió un revés en los tribunales federales. Tras meses de reclamos acumulados y un creciente número de denuncias por siniestros viales, el Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional ejecutar obras urgentes en uno de los tramos más deteriorados de la infraestructura vial del norte argentino: la ruta nacional 34, entre Yuto (Jujuy) y Salvador Mazza (Salta). La resolución implica una derrota directa para el Gobierno de Javier Milei, cuya paralización de proyectos dejó a la estratégica vía en un estado crítico.

El fallo, dictado en el marco de una medida cautelar presentada por el senador Sergio “Oso” Leavy, marca un punto de inflexión en una disputa que se profundizó desde diciembre de 2023, cuando la obra pública quedó virtualmente detenida. El legislador había promovido un amparo colectivo en representación de un centenar de usuarios y usuarias, principalmente del departamento San Martín, denunciando que la ruta se convirtió en “un mapa de pozos”, con banquinas comidas, alcantarillas tapadas, acumulación de agua, falta de señalización y un riesgo creciente asociado al ajuste presupuestario.

Al analizar el caso, la Justicia reconoció que el deterioro compromete derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad. Desde el entorno de Leavy celebraron la decisión, señalando que la jueza pudo acreditar “el grave deterioro de la calzada en distintos sectores”. “Esto resultaba un combo peligro para la vida de miles de automovilistas y transportistas que circulan por allí todos los días”, expresaron. También insistieron, como Leavy viene cuestionando en cada sesión legislativa, en que la situación es “consecuencia directa del freno total a la obra pública” dispuesto por el Gobierno.

El expediente exhibe además la falta de respuestas oficiales. Leavy había acompañado su presentación con fotos, videos y notas dirigidas al presidente Javier Milei y al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, además de pedidos formales de información que nunca fueron contestados. Cuando finalmente respondió, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se limitó a enumerar las limitaciones operativas: falta de mezcla asfáltica, licitaciones desiertas, precios sin convalidación, contratos sin firma y proyectos ejecutivos paralizados. La dependencia aseguró que intenta desde hace más de un año comprar asfalto caliente para las rutas 34 y 50, “pero sin éxito”.

En el trámite judicial, la propia Vialidad Nacional reconoció que “se trabaja dentro de las disponibilidades presupuestarias”. Aunque no lo explicita, la documentación enviada deja ver que esas disponibilidades están prácticamente vaciadas desde la paralización de más de 2.500 obras públicas. La estructura operativa del organismo quedó reducida a cuadrillas sin insumos, sin equipos y sin recursos para tareas mínimas. En Salta, el impacto fue inmediato: se frenaron obras de agua, hospitales, escuelas y rutas, y las empresas locales dejaron de presentarse a licitaciones por valores desactualizados que la Nación se niega a redeterminar.

La jueza Ivana Hernández fue contundente en su diagnóstico: señaló que el riesgo vial es “grave, constante y generalizado”, y que el Estado nacional no puede excusarse en demoras administrativas cuando están en juego vidas humanas. Su fallo obliga a la DNV a intervenir en un plazo máximo de 90 días y advierte que podrían adoptarse medidas más drásticas si no hay avances concretos.

El deterioro de la ruta 34 golpea no solo a los usuarios, sino también a la economía regional. Se trata del principal corredor agroindustrial del norte, clave para el transporte hacia Bolivia y para la movilidad de trabajadores migrantes, estudiantes, pobladores y vehículos de emergencia. El mal estado del camino genera demoras en la logística de cosechas, afecta comercios locales y multiplica los costos de traslado. Los municipios de Tartagal, Aguaray, General Mosconi y Salvador Mazza vienen alertando hace tiempo por el abandono.

En este contexto, la resolución judicial funciona como un llamado de atención sobre las consecuencias del ajuste. Para Leavy, y también para el gobernador Gustavo Sáenz, la situación no se siente como una política de ahorro, sino como un abandono. El senador lo dejó asentado en el expediente: “La Ruta 34 se volvió un calvario diario, y el Estado nacional dejó de cumplir incluso con sus funciones mínimas”. Con el fallo, ese diagnóstico deja de ser una discusión política para transformarse en una constatación judicial.

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