Con el salario mínimo más bajo de Sudamérica, el Gobierno reactiva el Consejo obligado por la Justicia
Tras más de medio año sin actualizaciones y con una pérdida real superior al 30%, el Gobierno deberá discutir nuevos montos en medio de fuertes reclamos gremiales y sociales.
En medio de una marcada caída del poder adquisitivo y tras más de medio año de parálisis institucional, el Gobierno nacional volverá a poner en marcha este miércoles al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), un organismo que en la práctica permaneció inactivo desde agosto a pesar de que la ley obliga a sesionar cada dos meses. La convocatoria forzada por una orden judicial, llega después de que el salario mínimo perdiera un 31,4% de su valor real desde la asunción de Javier Milei y quedara congelado durante un contexto de una inflación que nunca se terminó de planchar.
El llamado se concretó luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo n° 10 intimara al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué no se convocaba al Consejo desde hacía más de 6 meses. La última reunión, realizada antes del invierno, terminó sin acuerdo entre empresarios y gremios, y el Gobierno fijó el monto por decreto en una cifra alineada con la propuesta de las cámaras empresarias. Desde entonces, el haber mínimo quedó estancado en $322.220 para una jornada de 48 horas semanales, sin que la ministra Sandra Pettovello habilitara nuevas discusiones aun con aumentos significativos en tarifas y servicios como el transporte, que pulverizan los ingresos mes a mes.
La sesión de este miércoles será virtual a partir de las 12:30, con una segunda convocatoria pautada para las 14. El plenario estará integrado nuevamente por 16 representantes sindicales y 16 del sector empleador, quienes deberán definir una actualización no solo del salario mínimo, sino también de la Prestación por Desempleo, que depende directamente de este indicador y sigue la regla del 75% de la mejor remuneración de los últimos seis meses del trabajador.
Aunque el Gobierno insiste en mantener las discusiones por Zoom, el formato volvió a quedar bajo cuestionamiento. La CTA-Autónoma y la CTA de los Trabajadores presentaron una cautela contra Pettovello en la que sostuvieron que no existe “ninguna razón objetiva que justifica que esta importante institución tripartita del trabajo funcione de forma virtual”, y alertaron que una reunión a distancia “dificultaría” el debate sobre un tema tan sensible para millones de trabajadores. El planteo, además, advierte que el Ejecutivo se ampara en un decreto heredado de la pandemia y pretende sostener un mecanismo que, según las centrales, limita la transparencia.
La reactivación del Consejo se dará en paralelo a una nueva jornada de movilizaciones frente a la Secretaría de Trabajo. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial confirmaron protestas desde las 11 de la mañana. Su reclamo central vuelve a exponer la magnitud del deterioro social: exigen que el salario mínimo alcance el valor de la Canasta Básica Total, hoy superior a $1.200.000 para una familia tipo. Las organizaciones advierten que con los montos actuales “los trabajadores populares no pueden vivir con dignidad”, y denuncian que el Salario Social Complementario, actualmente en $78.000, quedó completamente desfasado.
Los gremios también llevarán al Consejo una lista de demandas que excede la modificación del haber mínimo: reclaman actualizaciones de los programas sociales, un bono de fin de año y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario. Pero el eje principal será recuperar el valor del ingreso básico, hoy hundido a niveles inferior a los del 2001, convertido en el más bajo de Sudamérica con apenas 225 dólares, por debajo de países como Bolivia y Paraguay.
En este contexto, el Gobierno enfrenta una presión creciente no solo por la magnitud del deterioro, sino también por la prolongada inacción institucional que permitió que el salario mínimo quedara congelado en medio de la inflación más alta en décadas. La reunión de este miércoles pondrá nuevamente sobre la mesa una discusión que, según sindicatos y organizaciones sociales, no puede seguir postergándose sin profundizar aún más la crisis de ingresos y la conflictividad social.
