En plena emergencia vial, el Gobierno abre una nueva licitación para rutas nacionales
La licitación de casi 1.900 kilómetros busca transferir corredores clave al sector privado en un contexto de deterioro vial y fuertes reclamos en la Provincia.
Mientras crecen los reclamos por el deterioro del asfalto a lo largo del país, el Gobierno nacional avanzó un paso más en su política de privatización vial con la convocatoria a una nueva licitación pública dentro de la Red Federal de Concesiones (RFC). La medida, formalizada a través de la Resolución 1843/2025 y publicada en el Boletín Oficial, habilita la concesión de casi 1.900 kilómetros correspondientes a la Etapa II del proyecto, que forma parte del proceso para transferir al sector privado unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
La iniciativa apunta a la construcción, administración, explotación y mantenimiento de una serie de corredores que resultan esenciales para la circulación en la provincia de Buenos Aires, tanto para los vecinos como para la producción agropecuaria. En esta segunda etapa se licitarán dos grandes tramos: el Sur Atlántico Acceso Sur y el Pampa. Las empresas que resulten adjudicatarias deberán operar bajo un sistema de peajes automatizados “free-flow”, similar al que ya se aplica en otras rutas concesionadas.
El primero de los tramos, el Sur Atlántico Acceso Sur, abarca 1.325 kilómetros e incluye subtramos particularmente sensibles para la provincia. Allí se encuentra la ruta 3 entre Cañuelas y Bahía Blanca, uno de los corredores más reclamados por su mal estado y por la postergada construcción de la autovía. También se suma la ruta 205, entre Cañuelas y Bolívar; la ruta 226, que enlaza Bolívar con Mar del Plata y que es clave tanto para el turismo como para el transporte de cargas; y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas, utilizadas a diario por decenas de miles de vehículos.
El segundo tramo a concesionar, denominado Pampa, atraviesa el corazón productivo bonaerense y conecta la provincia con La Pampa mediante 547 kilómetros de la ruta 5, entre Luján y Santa Rosa. Este corredor, fundamental para las economías regionales y para el tránsito interprovincial, también arrastra años de reclamos por falta de mantenimiento. Según indica la normativa que habilitó el llamado, las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas antes del 6 de febrero, que luego serán evaluadas por una comisión integrada por dos abogados y un contador.
En total, los corredores incluidos en esta etapa suman 1.872 kilómetros que pasarán a manos privadas sin que medie ningún subsidio estatal, una modificación central respecto del esquema anterior. Aunque el gobierno de Javier Milei presenta esta transformación como un “avance”, el estado general de las rutas, agravado por dos años sin inversión en obra pública, viene generando un creciente malestar entre vecinos, transportistas y productores, que a diario circulan por tramos cada vez más deteriorados.
El proceso se inscribe en la misma línea que la reciente adjudicación de la Etapa I de la RFC, que entregó 741 kilómetros a una concesionaria privada, y revive un modelo similar al implementado durante los años de Carlos Menem, cuando se licitaron unos 8.000 kilómetros con sistema de peaje. Aquel esquema debió ser modificado repetidas veces ante el rechazo de los usuarios por los escasos beneficios obtenidos. Hoy, con la intención de privatizar el 20% de la red vial nacional que concentra el 80% del tránsito, el Gobierno retoma esa lógica en medio de un escenario donde la falta de inversión pública dejó tramos críticos en condiciones peligrosas y con obras largamente postergadas.
