Once videos muestran a la jefa de Tesorería de Pinamar guardando dinero municipal en su cartera
La funcionaria fue cesanteada tras una investigación interna que detectó graves irregularidades contables, mientras el municipio aún no aclara el alcance del perjuicio.
En Pinamar, el escándalo por la desvinculación de la jefa de Tesorería, Norma Beatriz Watson, estalló en plena madrugada y bajo un manto de discreción que ya genera más preguntas que certezas. La funcionaria arrastra una imputación penal por una presunta malversación millonaria y una batería de irregularidades contables detectadas en la administración local. El caso quedó registrado en 11 videos filmados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, en los que se la ve tomando fajos de dinero durante su horario laboral y guardandolos en su cartera.
Mientras la justicia intenta precisar el alcance económico de la maniobra (una cifra que el propio municipio admite como millonaria) la identidad de Watson se hizo pública apenas las imágenes comenzaron a circular. Con 30 años de trayectoria, 59 años de edad y antecedentes de sanciones administrativas, la ex jefa de Tesorería quedó envuelta en un proceso que derivó en su expulsión mediante decreto. La defensa, por su parte, cuestionó la validez de las filmaciones y aseguró que el dinero le pertenecía, una versión tan poco convincente como reiterada.
La comuna, lejos de brindar explicaciones detalladas, se limitó a señalar a la fiscalía y a la Policía Federal por no detener a la funcionaria cuando salió del edificio municipal, una acusación transmitida por el vocero del intendente, Diego Andrés Uribe. Una respuesta que, en lugar de aportar claridad, evidencia el silencio y la falta de responsabilidad política con que la gestión intenta atravesar el caso.
El sumario administrativo, iniciado meses atrás, terminó de confirmar maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de la cuenta “Ingresos Pendientes”. Con esos resultados, la cesantía se aplicó de manera retroactiva y el expediente fue elevado al Tribunal de Cuentas, que ahora deberá determinar la responsabilidad patrimonial por el perjuicio ocasionado al erario público.
Sin embargo, más allá de las medidas formales, la situación expone otro costado de la administración del intendente Juan Ibarguren (PRO): la debilidad financiera y el desorden interno. Hace apenas tres meses, este mismo municipio tuvo que gestionar un préstamos de $1.000 millones en el Banco Provincia para poder pagar sueldos, tras una brusca caída de la coparticipación y la recaudación local.
Paradójicamente, mientras la fuerza política del intendente promueve el achicamiento del Estado, Ibarguren debió recurrir a la asistencia del gobierno provincial para evitar un conflicto aún mayor con los trabajadores municipales, que ya venían realizando medidas de fuerza y denunciando incumplimientos salariales.
Ahora, el desfalco atribuido a Watson no hace más que profundizar las dudas sobre la capacidad de control interno y la transparencia de una gestión que se muestra hermética cuando la responsabilidad recae sobre sus propios funcionarios. En un municipio que pide auxilio financiero pero admite pérdidas millonarias por irregularidades en sus arcas, el silencio oficial resulta tan elocuente como inquietante.
