Remate energético: el Gobierno inicia la privatización de las centrales nucleares
La gestión libertaria oficializó la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, una medida que despierta críticas por el riesgo de pérdida de soberanía energética.
El Gobierno nacional oficializó este jueves el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), a través de la Resolución 1751/2025 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida, amparada en la Ley Bases (Ley 27.742), habilita la incorporación de capital privado en una de las compañías más estratégicas del sistema energético argentino. El Ejecutivo dispuso la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a un Programa de Propiedad Participada (PPP) para que los trabajadores puedan acceder a una porción minoritaria del capital. El 51% restante continuará bajo control estatal.
La norma instruye al Ministerio de Economía a avanzar con la valuación formal del paquete accionario, que estará a cargo de un banco público nacional, dado que el Tribunal de Tasaciones no cuenta con un régimen aplicable para activos financieros de este tipo. Además, ordena que el proceso sea lanzado en un plazo máximo de doce meses a través de la plataforma CONTRAT.AR.
En el texto oficial, el Gobierno justifica la privatización como un paso para “promover la inversión privada dentro del sector nuclear argentino”, en línea con lo que había adelantado el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, en septiembre pasado. Sin embargo, la decisión encendió alertas en torno a la pérdida de control estatal sobre un área considerada sensible para la soberanía energética del país.
El plan implica también la creación de una nueva estructura administrativa: la Secretaría de Energía deberá elaborar el inventario de bienes de NASA, preparar la documentación licitatoria y coordinar el proceso junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, recientemente creada para supervisar privatizaciones. La Secretaría de Trabajo, por su parte, será la encargada de evaluar la factibilidad del programa de participación laboral.
Nucleoeléctrica Argentina, fundada en 1994, es responsable de la generación de energía a partir de las tres centrales nucleares activas del país y ha llevado adelante proyectos de extensión de vida útil en Embalse y ampliación en Atucha II. Su rol resulta clave no solo por la producción energética, sino por el desarrollo tecnológico nacional y la autonomía en materia nuclear.
Aunque el Gobierno asegura que conservará la mayoría accionaria y el poder de veto sobre decisiones estratégicas, como la construcción de nuevas centrales o el cierre de alguna planta existente, la apertura del capital a inversores privados despierta críticas entre especialistas y sectores opositores, que advierten que se trata de un nuevo paso hacia la pérdida del control estatal sobre recursos estratégicos.
La privatización parcial de Nucleoeléctrica, sostienen voces críticas, no solo pone en juego el patrimonio tecnológico acumulado durante décadas, sino que representa “un remate de la soberanía energética argentina” en favor del mercado. En un contexto donde el país depende de su infraestructura nuclear para garantizar estabilidad y diversificación energética, la decisión del Ejecutivo se interpreta como una cesión de control sobre una herramienta fundamental del desarrollo nacional.
