Buenos Aires le dio la espalda a los jubilados, las universidades y los discapacitados
Los resultados fueron contundentes y nadie se puede hacer el distraído. Todos, todas y todes sabían lo que representa el gobierno de Milei
No hacen falta análisis. No hay motivos para buscar una segunda o tercera lectura. Nadie puede alegar confusión, enojo o desconfianza generalizada en el sistema político. El pueblo argentino —sí, el pueblo— ratificó el rumbo y le entregó a Javier Milei un cheque en blanco que, probablemente, termine endosado a los Estados Unidos, que ya tiene intervenida nuestra economía y poco a poco se quedará con la totalidad de nuestros recursos.
En la provincia de Buenos Aires se acabó el argumento de las tres derrotas consecutivas del mileísmo. Hoy el presidente puede mostrarse ganador de punta a punta, aun a pesar de la falta de obras, de la quita de recursos para docentes y para seguridad, del estado de abandono total de los organismos públicos y de la desidia frente a situaciones de emergencia como las inundaciones en Bahía Blanca, distrito donde —por cierto— La Libertad Avanza ganó incluso el 7 de septiembre.
En términos absolutos, Milei logró aumentar su caudal de votos en más de diez puntos a nivel nacional respecto de la primera vuelta de 2023, y prácticamente duplicó su apoyo en territorio bonaerense. En ambos casos, sin embargo, los resultados se explican en parte por su alianza —formal o tácita— con el PRO de Mauricio Macri.
La diferencia es que esta vez nadie puede hacerse el distraído. Nadie puede decir que no sabía cuáles eran los objetivos del gobierno liberal-libertario ni sostener que confiaba en que las medidas más extremas del ajuste serían solo retórica.
El mensaje de las urnas fue contundente. Argentina en general, y la provincia de Buenos Aires en particular, le dijeron no al aumento a los jubilados, no a las pensiones para personas con discapacidad, no al financiamiento de las universidades públicas y no a la entrega gratuita de medicamentos oncológicos. El ajuste no lo paga la casta: lo pagan los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y, una vez más, los argentinos y argentinas decidimos ratificar ese rumbo.
El gobierno de Axel Kicillof —gran triunfador el 7 de septiembre, pero claramente derrotado este 26 de octubre— deberá decidir ahora la orientación de su gestión. ¿Escuchará el gobernador el mensaje de las urnas y dejará de financiar obras públicas, hospitales, escuelas, rutas y medicamentos, como reclama el electorado? ¿O lo ajustado del resultado le permitirá insistir con un modelo que hoy está en franca pérdida de apoyo popular?
El Estado nacional le quitó a la provincia más de 12 billones de pesos —es decir, 12 millones de millones de pesos, o unos 8 mil millones de dólares— y, sin embargo, eso pareció conformar a la mayoría de los bonaerenses, que en lugar de reclamar por esos fondos eligieron el camino del ajuste: el cierre de hospitales, el aumento de peajes para mantener o privatizar las rutas, el congelamiento de paritarias estatales y el despido masivo de trabajadores mediante el cierre de organismos.
El mensaje fue tan directo que no importó que el primer candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, debiera renunciar en medio de un escándalo por financiamiento narco. Tampoco que la segunda candidata —y ahora diputada electa— Karen Reichardt, haya tenido como única propuesta “levantar un muro de Berlín para separar a la gente de bien de los otros”. El pueblo eligió la opción del ajuste, de la motosierra, de la concentración económica en pocas manos, de la intervención directa de otro Estado sobre nuestra economía y de un endeudamiento monstruoso que convierte a la Argentina en una colonia casi declarada.
Muy atrás quedaron las promesas de dolarizar, de dinamitar el Banco Central y de “ajustar a la política” que Milei esgrimía en campaña. Aún más lejos, aquellos discursos en los que aseguraba que “tomar deuda es inmoral, porque es el mecanismo que usa el político para patear los problemas hacia adelante”.
El pueblo eligió, y eligió la destrucción del Estado. Los salarios de miseria de los jubilados, el desfinanciamiento de las universidades públicas, el despido de trabajadores, la baja de subsidios a personas con discapacidad y la eliminación de programas para pacientes oncológicos parecen, para la mayoría, un precio justo a pagar por un futuro lejano en el que, tal vez —y solo tal vez—, la economía sea distinta.
Esta campaña vino además con anuncio de reforma laboral, con jornadas de hasta 13 horas de trabajo diario, sin licencias y con jubilzaciones e indemnizaciones que deberá para el propio empleado; y una reforma jubilatoria que extenderá la edad para jubilarse hasta mas allá de los 70 años. El gobierno logró los números para que esas leyes pasen por el congreso sin objeciones.
El mensaje es claro y directo: no hacen falta análisis.
