Las universidades irán a la Justicia por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario
El CIN y la UBA avanzan con acciones judiciales contra el Gobierno de Milei tras la suspensión de la ley que garantiza fondos y recomposición salarial docente.
Las universidades públicas nacionales resolvieron acudir a la Justicia para exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), promulgada por el Poder Ejecutivo pero con su aplicación “suspendida”, lo que en los hechos impide su entrada en vigor.
El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, de manera unánime, acordó avanzar con una presentación judicial para exigir que el Ejecutivo respete la norma sancionada y promulgada. “Un decreto no puede suspender una ley”, afirmó el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, al cuestionar la decisión del Gobierno.
El presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que “cuarenta años después del primer plenario del Consejo, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y respeto al sistema republicano”. En el mismo sentido, el vicepresidente del organismo, Franbo Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
El presidente Milei había vetado la ley aprobada en agosto, pero el Congreso insistió con su sanción el 2 de octubre. A pesar de promulgarla, el Ejecutivo dictó un decreto que suspendió su aplicación, argumentando la falta de una cláusula de financiamiento. Según Vergara, esa medida “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.
Paralelamente, el Consejo Superior de la UBA instruyó al rector Ricardo Gelpi para avanzar con un reclamo judicial propio, en sintonía con el CIN. En una resolución, el cuerpo señaló que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La UBA además alertó que la decisión presidencial “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial”. En su pronunciamiento, la casa de estudios recordó que ha declarado la emergencia presupuestaria y salarial, y subrayó que la ley suspendida “tiene por objeto garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino, así como la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes”.
