El ajuste de Milei ya se cobró más de 57 mil empleos en el Estado
El CEPA adviritó que el ajuste del Estado imapcta con fuerza en sectores clave como el correo, los ferrocarriles, la ciencia, la energía y los medios públicos.
El fuerte impacto del ajuste del Gobierno de Javier Milei ya se siente con crudeza en el Estado Nacional: más de 57 mil trabajadores fueron despedidos en un año y medio de gestión, lo que equivale a una reducción del 16,8% de la planta total del Sector Público Nacional. El relevamiento, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advierte que el proceso responde a “una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público”, con efectos que van más allá de los números: la pérdida de capacidades estratégicas del Estado.
De los 57.621 puestos eliminados cuatro organismos concentran el 20,7% de los despidos: Correo Argentino, con 5.063 cesantías; la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116; el Banco Nación, con 1.968; y Aerolíneas Argentinas, con 1.782 bajas. Para el CEPA, esta tendencia “implica un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional”.
En términos absolutos, los organismos descentralizados son los más afectados, seguidos por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. Sin embargo, el golpe proporcional fue más severo en la administración descentralizada, lo que, según el informe, “revela un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo”. El caso más extremo se dio en la ex Télam, donde cerca del 80% del personal fue cesanteado, seguido por ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones drásticas.
Dentro de la Administración Pública Nacional (APN) que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el mayor números de despidos se produjo en ARCA (ex AFIP), con 3.418 puestos eliminados, seguidos por el CONICET (1.716) y ANSES (1.532). En cambio, si se analiza el ajuste en proporción a la cantidad de empleados, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales fue el más afectado, con una reducción del 64% de su personal; le siguen la Junta de Seguridad en el Transporte (45%) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (42%).
El recorte también golpeó con fuerza al sector financiero y asegurador estatal. La Casa de la Moneda redujo su plantilla en un 42%, mientras que Nación Seguros perdió el 37% de sus trabajadores. En ambos casos, el CEPA alertó sobre un debilitamiento en la capacidad del Estado para ofrecer servicios y coberturas accesibles, afectando su rol frente a emergencias o crisis.
Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), clave para el financiamiento del desarrollo productivo, achicó su planta un 32%, lo que limita su posibilidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones. En conjunto, los datos del informe muestran un patrón consistente: un Estado que se repliega, pierde personal y, con ello, capacidad de intervención en áreas sensibles para el crecimiento nacional.
