¿Femicidio o venganza narco? El debate judicial sigue abierto
El abogado penalista Gonzalo Escaray analiza el triple crimen de Brenda, Lara y Morena y explica las dudas sobre móviles, agravantes y responsabilidades.
A poco más de una semana del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, ocurrido la semana pasada y que generó gran conmoción en la opinión pública, el abogado penalista Gonzalo Escaray ofreció un análisis profundo sobre las primeras derivaciones judiciales y las posibles responsabilidades de los involucrados. Según Escaray, “hay muchas cosas que no sabemos. Nosotros, digo, la población en general, más allá de los actores que están en la causa, y esto es lo que, por la información que yo voy obteniendo a partir de los medios, no de otro lugar, siento como que se maneja una información de manera privada, digamos, por los investigadores y es otra la que se da a conocer”.
En los estudios de Radio La Plata, el abogado señaló que, aunque se han logrado detenciones y se han presentado presuntos móviles, muchas dudas persisten. “Hasta en un momento estuvo cuestionado si el Pequeño J, como se le dice al principal sospechoso o al imputado, que habría sido el instigador del crimen, efectivamente era quien dicen que es, y cómo vemos las distintas medidas que se van tomando, pero bueno, como te decía, que había sido cuestionado si realmente era él, o es un perjil, o había algo más detrás de esto, que, digamos, no lo descarto, pero aparentemente, y por las derivaciones que van existiendo, sería quien ordenó los crímenes”, explicó Escaray.
Sobre el presunto móvil del crimen, Escaray afirmó: “Se habla de un presunto robo de droga por parte de las chicas. Entonces ahí empiezan los interrogantes de cómo llegan a esa conclusión… cómo llegan a robar la droga, o fue una relación eventual que tuvo alguna de ellas con este Pequeño Jota y aprovechó un descuido para robarle droga, eso me parece más difícil, más rebuscado. Entonces claramente hay una información que tienen los investigadores de qué es lo que ocurrió y por qué las mandaron a matar”.
En relación a las 45 personas que habrían visto imágenes de tortura hacia las víctimas, Escaray detalló: “Las 45 personas o parte de ellas, para evitar también una dilación innecesaria y super abundancia de prueba, tendrías que ser identificadas y ser interrogadas. Primero para que confirmen si eventualmente vieron las imágenes y qué vieron. Pero además, ¿cómo llegan a eso?”
Al ser consultado sobre la posibilidad de que esas imágenes tuvieran un carácter ejemplificador, agregó: “Sí, o por ahí si eran consumidores, eran compradores, todo eso se tiene que saber justamente identificándolo y preguntándoles. Y aparte lo que puedan informar también para poder determinar qué fue lo que realmente ocurrió, es decir, ¿cómo llegan a esa imagen? ¿Qué sabían de las chicas? ¿Qué sabían de las personas que están ahí en las imágenes? Lo que pasa es que muchos de ellos, por miedo, es muy difícil que declaren. Es una típica causa en la cual para mí va a haber testigos de identidad reservada, va a haber arrepentidos… de hecho creo que se aportó información para arribar a todas estas detenciones que se hicieron”.
Escaray describió las distintas responsabilidades penales dentro de la causa: “Si bien todos están imputados por el homicidio, tienen distintas participaciones. Hay dos figuras que abarcan a varios imputados: una de ellas es la asociación ilícita y otra es el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, que implica que al menos tres personas, es decir, el autor y dos más, se pongan de acuerdo y planifiquen el homicidio. Se repartan tareas y lleven adelante el crimen. Acá tenemos el instigador, es decir, quien llevó a otra persona a que cometa el delito, que sería este Pequeño J. También tenemos a los que ejecutaron el crimen, a los que ocultaron los cuerpos. ¿Quién cavó la fosa?”
Respecto de la calificación del hecho como femicidio, Escaray afirmó que, desde su perspectiva técnica, no lo considera central: “Yo inicialmente, desde el punto de vista técnico, sin haber leído la imputación que hace el fiscal, no lo veo como un femicidio. Es decir, se mata a tres chicas porque robaron droga. Es, digamos, una especie de venganza, un adiccionamiento, para decir, si me roban a mí, que soy el caponarco, tres chicas, la mayor de 20 años, quiero mandar una señal, una venganza disciplinar, que nadie me puede robar”.
En torno al análisis de género en el caso, señaló: “Lo que se explica de alguna manera es el provecho de la vulnerabilidad de las chicas que, no sé si las tres o dos o una de ellas, ejercía la prostitución, aprovecharon también de su situación para esto mismo, para que ejerza la prostitución, para captarlas porque necesitaban dinero y bueno, vení que vamos a hacer una fiesta y en eso aprovecho y tomo venganza. El tema es, la condición de mujer, más allá de esa vulnerabilidad, la vulnerabilidad está relacionada con la condición de mujer. Si se logra acreditar eso, es un femicidio. No necesariamente tiene que haber una relación de pareja… Tiene que haber, se tiene que tomar a la mujer como un objeto”.
Finalmente, sobre la crueldad de los homicidios y su relación con el género, Escaray remarcó: “Pero yo no veo el vínculo con el género en ese caso. La crueldad y todo es un agravante para la pena del día de mañana. El tema es si tomamos el género como agravante y si todo eso que se hizo, esa crueldad que se ejerció, era porque eran mujeres… Por otro lado, si es una venganza por alguien que le robó droga, no lo veo. Es una cuestión recontra discutible, analizable, debatible. No es central para nada en esta instancia. No es central para nada, pero sí sirve para calificar el hecho y que llegue eventualmente el día de mañana a un juicio con un norte de, bueno, se va a juzgar esto. ¿Ocurrió así realmente? ¿Estuvo la condición de mujer? ¿Fue determinante para cometer el homicidio? Entonces va a ser agravado como femicidio, artículo 80, inciso 11. Si no es así, se analizarán las otras agravantes y se descartará eso”.
El análisis de Escaray permite comprender la complejidad de la investigación, la distribución de responsabilidades entre los imputados y cómo los agravantes penales podrían impactar en la calificación final de los hechos, mientras la causa sigue avanzando bajo estricto sigilo judicial.
