El gobierno declara la emergencia agropecuaria en 10 municipios
Tardó, pero finalmente llegó la emergencia por parte del gobierno nacional. La medida alcanzará a distritos que fueron duramente golpeados por las lluvias e inundaciones
Hace meses que el sector agropecuario atraviesa una situación crítica, con miles de hectáreas afectadas por inundaciones y anegamientos que complican la producción. En reiteradas ocasiones, la provincia de Buenos Aires advirtió sobre la gravedad del escenario y declaró la emergencia en varios distritos, pero el gobierno nacional había mantenido silencio, hasta ahora.
Tras una larga temporada de incertidumbre y reclamos, el Ejecutivo finalmente resolvió formalizar la emergencia agropecuaria. La decisión se conoció después de que la última tanda de lluvias profundizara la crisis y de que un grupo de productores volviera a exigir medidas concretas.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo el número 1450/25, alcanza a diez municipios bonaerenses: Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General La Madrid, Chacabuco y Monte.
La medida llega un momento de tensión, en medio del la fallida promesa de las "retenciones cero”. Así, la emergencia llega teñida de un evidente tono electoral, cargada de anuncios y compromisos que buscan recuperar la confianza perdida.
Antes de oficializar la medida, el gobierno nacional había buscado tender puentes con las entidades rurales. En una reunión con la Mesa de Enlace, se comprometió a retomar la obra de dragado en la Cuenca del Salado, un reclamo histórico que lleva décadas en la agenda de productores y autoridades provinciales.
El proyecto contempla la intervención de 33,4 kilómetros en el tramo que va desde el cruce del río con la Ruta Nacional 205 hasta la localidad de Ernestina, en el partido de 25 de Mayo. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua para reducir el riesgo de anegamientos e inundaciones, una de las principales causas de pérdidas en el agro bonaerense.
De esta manera, el Ejecutivo busca dar respuesta a una problemática estructural que no solo afecta la producción, sino también a las comunidades rurales que dependen de ella. Sin embargo, en el interior bonaerense persiste la desconfianza: los anuncios son recibidos con cautela y la expectativa está puesta en que, esta vez, las promesas se conviertan en hechos.
