El Gobierno pasó la motosierra y derogó 70 normas comerciales para "simplificar" el mercado
La medida elimina controles obsoletos, programas discontinuados y cargas burocráticas, buscando facilitar las relaciones entre comercios y consumidores.
El Gobierno nacional avanzó con la eliminación de 71 regulaciones comerciales, con el objetivo de simplificar las relaciones de consumo y reducir la burocracia que, según la administración, dificulta el funcionamiento del mercado interno. La medida se formalizó mediante la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La acción se respalda en la Ley Bases aprobada el 28 de junio de 2024, y según el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, busca “recortar las trabas burocráticas que dificultan la relación más fluida entre comercio y consumidores”. El Secretario de Comercio, Esteban Marzorati, indicó que esta resolución “se suma a las más de 170 derogaciones previas ya ejecutadas durante la gestión, con el fin de promover la libre competencia, reducir trabas y recortar costos de transacción para comerciantes y consumidores”.
Entre las normas eliminadas, se destacan disposiciones vinculadas al ya extinguido Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Este organismo, que funcionaba como mecanismo obligatorio y gratuito para resolver disputas entre consumidores y proveedores antes de iniciar un juicio, solo lograba resolver el 28% de los reclamos. Su disolución se justificó por la duplicación de funciones con otros organismos, la baja eficiencia del sistema y la necesidad de unificar procedimientos existentes, trasladando a los consumidores a organismos provinciales, locales o la mediación previa obligatoria establecida por la ley.
Asimismo, la Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 para garantizar el normal abastecimiento de bienes y servicios esenciales a precios razonables, también se encuentra entre las normas cuyas regulaciones se dieron de baja. Esta ley otorgaba amplias facultades al Estado para fijar precios y aplicar sanciones ante desabastecimientos o aumentos injustificados.
Desde la cartera económica se explicó que estas derogaciones buscan eliminar “controles redundantes, obligaciones de información sin utilidad práctica y regulaciones ligadas a programas ya disueltos”, y que los defensores de la medida consideran que “despejan las superposiciones regulatorias, aclaran las reglas del juego y evitan que el Estado mantenga normativas obsoletas que encarecen la actividad comercial sin aportar valor”.
No obstante, especialistas advierten que la eliminación masiva de regulaciones podría generar riesgos si no se implementan marcos mínimos de supervisión. La ausencia de controles podría abrir espacios para abusos, problemas de calidad o desigualdad entre empresas con distinta capacidad para adaptarse a las liberalizaciones.
En este contexto, el Gobierno sostiene que la claridad normativa servirá como estímulo al comercio formal y permitirá que los precios sean más competitivos, cumpliendo con el objetivo de reducir costos administrativos y simplificar las relaciones comerciales en el país.
