Diputados avanza con la reforma que busca limitar el poder de Milei
Con dictamen previsto para fines de septiembre, la oposición busca controlar los DNU y frenar las medidas más polémicas del presidente Milei.
La Cámara de Diputados se prepara para una nueva ofensiva legislativa que complica al Gobierno de Javier Milei: la oposición avanzará esta semana con la discusión del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta que el oficialismo ha utilizado de manera recurrente.
La iniciativa, ya sancionada por el Senado el pasado 4 de septiembre, establece que los DNU deben ser ratificados en un plazo de 90 días, y permite que una sola cámara los derogue si no se cumplen los plazos.
Según fuentes cercanas a La Libertad Avanza, este proyecto es hoy el “único tema que preocupa seriamente al oficialismo”, dado que restringe su capacidad de acción legislativa y pone en riesgo la validez de las medidas más controvertidas firmadas por Milei.
Los bloques opositores conformados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica lograron emplazar el expediente a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Nicolás Mayoraz y Silvia Lospennato, para que se debata este martes, con dictamen previsto el 30 de septiembre.
El proyecto limitaría la duración de los DNU a 90 días; si no son aprobados por ambas cámaras, perderían vigencia, aunque se mantendrían los efectos jurídicos de la medida presidencial. La ley actual permite que los decretos tengan efecto inmediato desde su publicación y solo se anulan si ambas cámaras los rechazan, lo que, según los legisladores opositores, habilita un uso excesivo de la herramienta “para decisiones que deberían pasar por el Congreso”.
Pese a este avance opositor, el oficialismo logró una victoria parcial gracias a la colaboración de varios gobernadores aliados. En la sesión del miércoles pasado, la mayoría de los mandatarios provinciales bloqueó el intento de acelerar el tratamiento del proyecto. Martín Menem, con el apoyo de Lisandro Catalán, ministro del Interior, negoció con los gobernadores para impedir que se reuniera la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa de manera exprés.
Entre los mandatarios que colaboraron se destacan los de Chubut, Santa Cruz, Misiones, Salta, Río Negro y San Juan, quienes aportaron ausencias o votos en contra del tratamiento. En contraste, Córdoba y Corrientes se alinearon con la oposición.
La combinación de apoyos y ausencias le permitió al oficialismo levantar la sesión sin que se trataran los decretos desreguladores firmados por Federico Sturzenegger, garantizando margen de maniobra para el Gobierno, al menos en el corto plazo.
