Diputados exigen frenar las bajas de pensiones por invalidez e insistir con la Emergencia Pediátrica
Legisladores de la oposición reclamaron informes a la ANDIS. En la Comisión de Acción Social y Salud Pública, médicos y familias del Garrahan solicitaron aprobar este miércoles la insistencia con el financiamiento al sector.
En sendas reuniones de comisión, diputados acordaron proyectos para tratar de impedir que el presidente Javier Milei continúe dando de baja pensiones por discapacidad y exigieron que el mandatario promulgue la Ley de Emergencia para el sector; al tiempo que recibieron a familiares y médicos del Hospital Garrahan que buscan que la Cámara Baja insista con la norma que prevé aumentos en el financiamiento del sistema de pediatría nacional vetada por el Jefe de Estado.
En la Comisión de Discapacidad, presidida por el legislador de Unión por la Patria (UP), Daniel Arroyo, la oposición pasó a la firma el dictamen de proyectos de resolución y declaración para que el Poder Ejecutivo frene las bajas de pensiones por invalidez y restituya las que fueron suspendidas. En ese marco, reclamaron al Gobierno nacional información sobre los mecanismos empleados por la ANDIS para avanzar en esos recortes.
Además, en el inicio del encuentro, Arroyo recordó que “la Ley de Emergencia en Discapacidad ya es ley y el Gobierno tiene que promulgarla, y tiene que ponerla en marcha. Es una ley que es obligatoria, no es un consejo, no es una propuesta”. Señaló que la norma “no tiene impacto presupuestario, sino que compensa la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y sus familias”.
Por su parte, Juan Marino (UP) sostuvo que para las personas con discapacidad “no solo lo peor no pasó, lo peor recién está arrancando” y cuestionó el anuncio de Milei sobre aumentos en el Ministerio de Capital Humano para 2026. Además, en respuesta a Guillermo Francos, que planteó que no reglamentarán la ley porque no están definidos los recursos, Marino remarcó que la norma establece que “la facultad de determinar la reasignación presupuestaria es del jefe de Gabinete” y advirtió que “si no la cumple habrá que ir a los tribunales para que le ordenen que la cumpla”.
¿??????? ????? ?????? ????? ?? ????? ??? ?????????
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 16, 2025
? Hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno tuvo que mostrar los números:
? ?? ??? ???????? ?? ????? los pusieron en una cuenta de ??????… pic.twitter.com/zXKeJ4ZU3y
Luego, su par de bloque, Victoria Tolosa Paz, preguntó: “¿Qué certeza tenemos hoy con la intervención de la ANDIS y la actuación del nuevo director de que realmente han suspendido el método que habían creado legalmente para dar de baja las pensiones?”. La diputada consideró “urgente” pedir información sobre “cuáles fueron las bajas reales, con nombre y apellido y cuáles fueron los motivos de la baja”. “En la provincia de Buenos Aires es alarmante la cantidad de bajas que se han dado”, dijo.
Por su parte, Eduardo Valdés - también de UP- reclamó: “Necesitamos saber quiénes son los empleados de la ANDIS que cobraron horas extras por dar bajas, que luego recibían premios por eso”. Y advirtió: “Esto va a quedar en la historia como ejemplo de maltrato y humillación de parte del Estado hacia las personas con discapacidad”. Mientras que Blanca Osuna (UP) mencionó los reclamos y medidas judiciales de distintas provincias, como Catamarca, La Rioja, Misiones, Buenos Aires y Formosa, para revertir las bajas.
Más tarde, el diputado del Frente de Izquierda Unidad (FIT), Alejandro Vilca, denunció “una intencionalidad deliberada del Gobierno de dar de baja las pensiones” y pidió conocer los criterios técnicos y médicos de las auditorías.
En tanto, Roxana Monzón (UP) reveló que presentó un pedido de informes sobre “una empresa encargada de la logística y la distribución de las cartas documento, telegramas y notificaciones”, a la que calificó como parte de “un plan macabro”.
Emergencia Pediátrica
En paralelo, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), recibió a médicos y familiares de pacientes del Hospital Garrahan que pidieron aprobar este miércoles la insistencia con la Ley de Emergencia Pediátrica que fue vetada por Milei.
Al igual que con el caso de la Emergencia en Discapacidad, Yedlin desarmó las excusas de la administración libertaria respecto a que ambas atentan contra el equilibrio fiscal porque implican gastos exorbitantes. En este sentido, explicó que la norma “no tiene un costo fiscal tan significativo” -representa menos del 0,02% del PBI- y que su objetivo es que “los trabajadores cobren lo que cobraban en 2023 ajustado por inflación” para sostener la atención del hospital.
En tanto, Karina Nieto, madre de una niña paciente del Garrahan, afirmó: “Cada día que pasa sin que la ley entre en vigor estamos corriendo el riesgo de perder a un especialista y con ello la continuidad de los tratamientos. La salud pública es un derecho, no un gasto”.
Otras madres presentes coincidieron en que “el Garrahan es faro en la vida de un montón de familias” y pidieron que “no se vete una ley que representa la emergencia pediátrica”. Profesionales del hospital destacaron que se trata de un modelo hospitalario “exitoso” que forma recursos humanos de alta complejidad y reclamaron “un salario digno para trabajar la cantidad de horas que trabajamos”.
En el cierre del encuentro, diputados de diferentes bloques adelantaron que este miércoles insistirán con la ley. “La mayoría votamos este proyecto y mañana vamos a insistir, y va a ser ley”, dijo Mónica Fein (Encuestro Federal). Y su compañero de bancada, Esteban Paulón, agregó que el Congreso dará “una señal de que en temas como la salud pública y específicamente la salud pediátrica, acá nadie da un paso atrás”.
