Emergencia en Discapacidad: El Gobierno la aprueba, pero posterga su reglamentación
Francos aclaró que la ley se publicará pero condiciona su puesta en marcha a la definición del Presupuesto 2026 y prioridades del Gobierno.
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, aunque advirtió que su aplicación efectiva dependerá del debate sobre el origen de los fondos necesarios para financiarla. La decisión llega después de semanas de tensión política, promesas de judicialización y fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El veto presidencial había generado un fuerte debate, ya que Milei había señalado que la norma implicaba un alto costo fiscal (como cualquier política social a los ojos del mandatario libertario) y anticipó que, de ser insistida por el Congreso, acudiría a la Justicia para evitar su implementación. Sin embargo, el giro oficial descartó la judicialización, apostando por discutir primero con el Parlamento cómo financiar la ley, en el marco del Presupuesto 2026. “Me tienen que decir a quién le sacamos.¿A los jubilados y lo pasamos por discapacidad?”, chicaneó Francos como si todo fuese un chiste, y cómo si no se tratase de dos sectores fuertemente golpeados por el ajuste de la motosierra.
¿Qué implica la ley de Emergencia en Discapacidad?
- La Ley de Emergencia en Discapacidad contempla una serie de medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y regularizar el funcionamiento del sistema. Entre sus principales puntos se destacan:
- Pagos y aranceles actualizados: saldar deudas con prestadores y ajustar los aranceles mensualmente según la inflación.
- Pensiones no contributivas: reformar el sistema para garantizar financiamiento, revisar condiciones de otorgamiento y extender automáticamente las pensiones otorgadas previamente.
- Base de datos y auditorías: mejorar la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías.
- Actualización del CUD: establecer criterios más claros para la certificación de personas con discapacidad.
- Transparencia y seguimiento: informar públicamente sobre gastos y políticas implementadas.
- Talleres protegidos y centros de día: garantizar fondos y funcionamiento continuo.
- Cupo laboral: reafirmar la obligación del Estado de cumplir el 4% de empleo público para personas con discapacidad.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría aumentar entre 493 mil y 946 mil el número de beneficiarios, implicando un gasto adicional de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. La compensación de emergencia para prestadores se estima en $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.
El contexto de la ley se enmarca en una presión social creciente, tras denuncias de corrupción en la gestión de la ANDIS durante la administración de Diego Spagnuolo, quien fue apartado del cargo luego de difundirse audios que revelaban un supuesto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías. La movilización de la sociedad civil y el impacto político de esos hechos consolidaron el amplio apoyo parlamentario, incluso de fuerzas que habían sido aliadas del oficialismo.
Francos explicó que la promulgación será el primer paso, pero que la reglamentación dependerá del acuerdo con el Congreso sobre cómo financiar la norma, dejando su implementación efectiva para fines de año o incluso 2026. “Van a tener presupuesto a partir de este lunes. Fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto”, concluyó el jefe de Gabinete, subrayando la complejidad fiscal que implica la medida.
