La Justicia ordenó controles para garantizar la matriculación de profesionales de la química
La jueza María Cecilia Valeros de Córica ordenó a empresas, laboratorios, entidades educativas y universidades que remitan listados de profesionales para verificar su matriculación obligatoria en el Consejo Profesional.
El Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 de La Plata inició un procedimiento judicial para garantizar el cumplimiento de la Ley 7020, norma que regula el ejercicio de la química en la provincia y establece la matriculación obligatoria del personal que desarrolla estas actividades.
En su resolución, la jueza María Cecilia Valeros de Córica dispuso que empresas, laboratorios y entidades vinculadas al ámbito químico envíen al tribunal un listado de técnicos, químicos y licenciados en química, con el fin de corroborar su inscripción en el Consejo Profesional de Química.
En este marco, el presidente del organismo, Carlos Colángelo, señaló: “Desde hace años nuestra entidad viene luchando de manera incansable para que el ejercicio profesional se adecue de manera estricta a la Ley 7020, habiendo obtenido muy pocas respuestas favorables al respecto”.
Y añadió: “Afortunadamente, nos hemos encontrado con el compromiso del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, el cual busca un apego integral a la normativa, en pos de garantizar procesos químicos seguros y de calidad para la población”.
Finalmente, Colángelo destacó que desde que los establecimientos comenzaron a recibir las notificaciones judiciales “se ha registrado un paulatino aumento en la matriculación del personal ante nuestra entidad, un aspecto que es fundamental para que las acciones empresariales e industriales del ámbito de la química se enmarquen dentro de la Ley, adquiriendo mayor jerarquía y mayor confiabilidad”.
De acuerdo con lo informado, la medida insta a las gerencias y equipos directivos a completar la matriculación del personal que aún no lo haya hecho. En caso de negativa, se abrirán instancias de conciliación para adecuar la actividad a la normativa vigente.
La disposición también alcanza a escuelas industriales provinciales y a universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires. Estas últimas deberán remitir al Juzgado un listado de los profesionales químicos egresados en los últimos diez años.
