Blindaje jurídico libertario y censura a la prensa para frenar la causa por corrupción en la ANDIS
El Gobierno denunció “una operación ilegal de inteligencia” por la filtración de audios de Karina Milei y logró impedir nuevas difusiones. En paralelo, la ministra Patricia Bullrich pidió allanar los domicilios y oficinas de los periodistas que divulgaron la información.
Apelando a la figura de un supuesto espionaje ilegal, el Gobierno nacional logró una cautelar para impedir la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en lo que reviste una clara violación de la libertad de prensa con el fin de que no avancen las denuncias de corrupción que la tienen como una de las principales apuntadas; a días de las elecciones bonaerenses y tras la paliza en Corrientes.
Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich - encargada de motorizar la denuncia que firmó la propia Karina Milei - pidió allanar las casas de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial. Este último, incluso relató en su programa radial un episodio intimidatorio: un Ford Falcon estacionó frente a su casa, lo que le recordó los años de la dictadura.
Es que tras la filtración de audios de la hermana del Presidente, Bullrich denunció ante la Justicia Federal lo que definió como “una operación de inteligencia ilegal” y como se indicó, en paralelo, consiguió la medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevas grabaciones.
La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada.
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.
Fin. pic.twitter.com/v1H1doG7jb
El fallo, dictado por el juez Patricio Alejandro Maraniello, ordena el “cese de la difusión” de audios obtenidos dentro de la Casa de Gobierno. “Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en X. Sin embargo, la resolución judicial fue cuestionada por organismos de prensa y juristas, al considerarla un antecedente de censura previa en democracia.
En el material difundido hasta ahora se escucha a Karina Milei dando instrucciones dentro de la Casa Rosada. Aunque los fragmentos publicados no acreditan delitos, fuentes periodísticas sostienen que existiría una hora completa de grabaciones que podrían complicar a la hermana del Presidente.
La lista de apuntados por el Gobierno nacional incluye, además de Rial y Federico, al dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino - supuesto propietario del canal de streaming Carnaval - y hasta una presunta conexión con espías rusos llamados “La Compañía”. Cinematográfico. Además, se sumaron a los acusados al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien formó parte de La Libertad Avanza.
medida cautelar Milei by Portal Código Baires
Estrategia judicial para mover la causa a magistrados amigos
La denuncia federal presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad, recayó en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini y con intervención del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cercanos al oficialismo y al macrismo. Así, la intención es desplazar al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes instruyen la causa original por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Este accionar había sido anticipado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien esta mañana reforzó la versión en declaraciones radiales: “Es una enorme operación política que comenzó con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, replicados justo antes de que se tratara la ley de emergencia en discapacidad. Todo fue coordinado en menos de 24 horas, lo que demuestra que hubo una operación armada”, afirmó.
El trasfondo: la trama de coimas en la ANDIS
La filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue el disparador del conflicto. En esas grabaciones se alude a retornos por la compra y distribución de medicamentos, lo que abrió una investigación por presunto cobro de coimas.
Con la nueva cautelar, el Ejecutivo intenta cerrar el camino a futuras publicaciones; pero no queda claro si lo que quiere que la prensa silencie es, además de la causa por corrupción en la ANDIS, las derivaciones del caso OSPRERA, la situación en el PAMI y o la crisis económica.
En ese marco, el blindaje judicial y la ofensiva contra periodistas aparecen como un intento de recomponer el control de la agenda de parte de una administración que no teme en poner sobre la mesa métodos fascistas, tras dos semanas de turbulencia donde perdió la hegemonía.
