Coimas en ANDIS: la Justicia allana oficinas en busca de pruebas clave
Los procedimientos se llevan a cabo en tres sedes de ANDIS y la droguería Suizo buscan pruebas sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos por el Estado.
La causa que investiga un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica directamente a la familia del presidente Javier Milei, sumó este viernes nuevos pasos judiciales con allanamientos y medidas sobre los involucrados.
Efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo operativos en tres sedes del organismo (ubicadas en Ramsay, Irigoyen y Avenida Rivadavia), así como en la droguería Suizo Argentina, proveedor del Estado que habría estado involucrado en los pagos irregulares. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, y buscan recolectar material de interés para la causa.
Los audios filtrados del entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, dieron origen a la investigación al revelar supuestas exigencias de coimas a laboratorios para asegurar la venta de medicamentos al Estado, en los que se mencionan a Karina Milei y a Lule Menem.
En paralelo, la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de los principales investigados, incluidos Spagnuolo y los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería. Según informaron fuentes judiciales, los allanamientos a los domicilios de los Kovalivker en Nordelta arrojaron hallazgos llamativos: 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos en uno de los autos, mientras que en la otra vivienda se encontraron cajas fuertes vacías, aparentemente vaciadas apresuradamente ante la inminencia de los procedimientos.
Spagnuolo, por su parte, designó a los abogados Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schturze para que lo representen. Todavía no está definido si se presentará ante la Justicia como imputado común o si optará por acogerse a la figura del arrepentido, situación que mantiene en alerta a la Casa Rosada. Trascendidos indican que el exfuncionario se encuentra evaluando su estrategia y, según algunos off the record, estaría “asustado, temiendo por su vida y considerando declarar como arrepentido”.
El escándalo, que mantiene en vilo a la opinión pública y a los funcionarios del gobierno nacional, combina elementos de corrupción, presuntos sobornos y posibles irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, un sector especialmente afectado por las medidas de ajuste del Estado. La investigación, que sigue su curso en Comodoro Py y ante el juez Casanello, también busca rastrear los movimientos de dinero que puedan evidenciar pagos irregulares, con oficios enviados a ARCA, al Banco Central y otras entidades financieras.
Por el momento, la incógnita sobre la postura que adoptará Spagnuolo y la información que pueda aportar a la Justicia mantiene la causa en un punto crítico, mientras se multiplican los procedimientos y medidas para esclarecer un entramado que involucra a funcionarios, familiares del Presidente y empresas proveedoras del Estado.
