Milei acelera la venta de activos estratégicos y deja en manos privadas el agua y la energía
AySA y cuatro grandes represas hidroeléctricas se suman al plan de privatizaciones del Ejecutivo, generando cuestionamientos sobre la gestión de recursos estratégicos.
El Gobierno nacional puso en marcha la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en un movimiento que marca un nuevo capítulo del plan de desinversión en activos estratégicos. La iniciativa incluye la contratación de un banco para tasar las acciones del Estado y su posterior venta en mercados de capitales en un plazo estimado de ocho meses.
La medida se implementó mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. Según el texto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, será la encargada de llevar adelante el proceso, mientras que la Secretaría de Obras Públicas deberá preparar toda la documentación técnica y contractual, incluyendo el contrato de concesión.
Desde Economía justificaron la venta argumentando que la intervención estatal de en AySA “no ha dado los resultados esperados” y ha resultado incapaz de garantizar una gestión eficiente de los servicios públicos sin generar fuertes erogaciones para el Estado. Asimismo, se sostuvo que la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento requiere inversiones que exceden la capacidad de generación de fondos de la compañía. Aun así, el 10% del capital seguirá en manos de los trabajadores, dentro del programa de propiedad participada vigente. Tras el anuncio, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025 que autorizan la privatización.
En paralelo, el Gobierno habilitó la venta de las acciones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en Neuquén y Río Negro, que representan cerca del 10% de la generación eléctrica del país. La medida fue oficializada a través del Decreto 590/2025, también con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Caputo.
Según la norma, las acciones de estas sociedades pasarán de Energía Argentina S.A. a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, para luego ser vendidas mediante un concurso público nacional e internacional. Las actuales concesionarias podrán operar hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete la licitación, y deberán adherir al nuevo esquema en cinco días o continuar operando durante 90 días hábiles para garantizar la continuidad del servicio. El Ejecutivo espera recaudar unos 500 millones de dólares con estas ventas, tras acordar con los gobiernos de Río Negro y Neuquén reclamos históricos osbre la administración de los recursos hídricos.
Con estas medidas, el Gobierno acelera un proceso de venta de activos estratégicos que ya generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y técnicos, poniendo en debate el futuro de la gestión pública en servicios esenciales como agua y energía eléctrica.
