La Justicia de Estados Unidos suspendió la entrega de acciones de YPF
La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden que disponía transferir el 51% de la compañía a los fondos buitres y habilitó la presentación del gobierno de Donald Trump como "amigo de la corte".
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó el pedido de la Argentina y suspendió la orden del 30 de junio de 2025 dictada por la jueza Loretta Preska, que establecía la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de una indemnización de US$16.100 millones más intereses. La medida regirá hasta que se resuelvan las apelaciones.
El tribunal también autorizó que el gobierno de Donald Trump presente documentación en carácter de “amigo de la corte” en el proceso.
Al respecto, la Procuración del Tesoro destacó que “esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
— Procuración del Tesoro (@ProcuTesoroAR) August 15, 2025
El organismo precisó que la decisión “se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente” y que “no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— que condena al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses”.
El 51% de las acciones de YPF fue estatizado en 2012. En ese momento, el fondo Eton Park era accionista de la petrolera, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española cuando las empresas Petersen –fundadas por la familia Eskenazi y accionistas de YPF– quebraron.
La demanda sostiene que la Argentina incumplió con el artículo 7° del estatuto de YPF, que exige una oferta pública a todos los accionistas si se adquiere más del 15% de la empresa. El reclamo también apunta a la decisión del Estado de suspender el reparto de dividendos tras la expropiación, lo que habría afectado la situación financiera del Grupo Petersen, accionista minoritario en ese momento.
La nacionalización de YPF fue aprobada por el Congreso en abril de 2012 con amplio respaldo legislativo. La medida respondió a un cambio en la estrategia energética del país, luego del redescubrimiento de Vaca Muerta y su potencial en gas y petróleo no convencional.
