El Gobierno dio un paso más para la privatización de cuatro represas hidroeléctricas
El decreto 564/2025 oficializa la venta de acciones y prorroga concesiones hasta fin de año para avanzar con el concurso público internacional.
El Gobierno nacional avanzó con el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la Patagonia, mediante la venta de su paquete accionario. La medida fue oficializada este viernes a través del decreto 564/2025, publicado en el Boletín Oficial.
En el marco de esta decisión, las acciones de estas empresas —actualmente en manos de Energía Argentina (ENARSA)— fueron transferidas a la órbita de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que será la autoridad de aplicación. Esa cartera, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quedó facultad para avanzar con la licitación y dictar las pautas del concurso público nacional e internacional, que deberá concretarse en un plazo máximo de 60 días.
La privatización se da luego que, en 2023, vencieron las concesiones otorgadas por 30 años en 1993, las cuales habían sido prorrogadas de forma provisoria a principios de 2024. En este nuevo esquema, se conformaron sociedades anónimas para cada complejo, con un 98% del capital accionario en poder de ENARSA, y el 2% restante en manos de Nucleoeléctrica Argentina.
Las actuales concesionarias (Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto) podrán continuar operando los complejos si, en un plazo de cinco días, remiten una carta de adhesión y cumplen condiciones como el mantenimiento de una garantía no inferior a 4,5 millones de dólares, la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio y el cumplimiento de los contratos de concesión. También deberán abonar regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, presentar inventarios detallados y permitir visitas de los interesados en el concurso.
En caso de adhesión, las empresas podrán seguir a cargo de la operación hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta que se concrete el proceso de venta, lo que ocurra primero. Si no envían la carta de adhesión, estarán obligadas a seguir generando energía eléctrica por un plazo no menor a 90 días hábiles.
Este avance se enmarca en lo dispuesto por el decreto 718/2024, publicado en agosto pasado, que reglamentó el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases. Allí se habilitó la venta de activos de empresas estatales bajo un mecanismo “competitivo y expeditivo”, destinado a captar interés de capitales privados nacionales e internacionales.
