Boleta Única, gasto múltiple: La promesa del ahorro que se volvió déficit electoral
La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las legislativas 2025 se estrena con un presupuesto récord de casi $400.000 millones. Aunque fue impulsada con el argumento de reducir costos, los datos muestran lo contrario.
Por primera vez en el país, las elecciones legislativas de octubre se llevarán adelante con Boleta Única de Papel (BUP). Cuando fue debatida en el Congreso en 2022, la reforma fue presentada como una forma de simplificar el proceso electoral, mejorar la transparencia y, sobre todo, abaratar costos. Sin embargo, los números del presupuesto 2025 contradicen esa promesa: la nueva boleta no sólo no reduce el gasto público, sino que lo incrementa considerablemente.
La partida asignada para estas elecciones es de $395.133 millones, apenas por debajo de lo que se gastó en 2023, un año en el que hubo PASO, generales y balotaje presidencial. Para peor, ese monto supera en más de $68.000 millones lo previsto originalmente por el Gobierno nacional para este ciclo, que contemplaba dos instancias de votación. Es decir, se votará una sola vez y se gastará más.
El salto presupuestario se explica en buena parte por la implementación de la BUP, cuyo costo estimado de impresión será de $43.000 millones más IVA, a razón de alrededor de un dólar por boleta. A ello se suman los nuevos gastos en capacitación de autoridades de mesa, adquisición de biombos, útiles y logística, que la administración de Javier Milei concentró casi en su totalidad en el Correo Argentino, a través de un contrato directo de $223.000 millones, equivalente al 56% del gasto total.
Este esquema de contrataciones, además, fue menos transparente que en elecciones anteriores. Tanto la impresión de boletas como la licitación del escrutinio provisorio -adjudicada a la empresa española Indra por $21.000 millones- se realizaron a través de licitaciones privadas no publicadas, con presentaciones en papel y sin acceso a pliegos ni ofertas.
Mitos sin evidencia
La promesa de reducción de costos fue uno de los principales argumentos de los impulsores de la reforma en el Congreso allá por 2022. De 21 proyectos presentados, al menos 15 mencionaban el ahorro económico como justificación, aunque ninguno presentó cálculos respaldatorios. De hecho, un estudio comparativo entre el costo por elector de las boletas en Santa Fe -provincia pionera en el uso de BUP- y el aporte estatal para la impresión de boletas partidarias a nivel nacional arrojó un resultado contrario: la boleta única fue un 41% más cara por elector.
Otro de los mitos asociados al nuevo sistema fue que la BUP reduciría la necesidad de fiscales partidarios. Sin embargo, el nuevo instrumento no elimina la fiscalización, sino que cambia su foco. Si antes era clave vigilar la reposición de boletas, ahora lo será garantizar la validez de los votos marcados a mano. El riesgo de anulación por errores técnicos o una cruz mal ubicada obliga a los partidos a sostener una red sólida de fiscalización.
Además, el sistema político ya cuenta con mecanismos para garantizar la oferta electoral y la transparencia. Las boletas partidarias han funcionado correctamente en elecciones limpias, competitivas y con alternancia en el poder. En las últimas ocho elecciones, los oficialismos nacionales perdieron cinco veces. No parece haber una urgencia institucional que justifique un cambio tan costoso.
Una reforma sin reforma
El problema no es sólo económico. La implementación aislada de la BUP, sin una reforma política más amplia, puede tener consecuencias inesperadas. El diseño actual del sistema incentiva la proliferación de partidos políticos y alianzas, muchos de los cuales compiten sin estructura real. Si ahora se elimina la barrera logística de imprimir sus propias boletas, la fragmentación podría aumentar, saturando aún más la oferta electoral.
Al mismo tiempo, se mantienen reglas laxas para el reconocimiento de partidos, se sigue aportando financiamiento por lista interna –y no por agrupación–, y no se revisaron los topes de afiliaciones exigidas en los distritos grandes. Peor aún, una ley aprobada en 2019 duplicó el aporte estatal para la impresión de boletas, lo que encareció innecesariamente el sistema. Volver al esquema anterior (1,5 padrones por agrupación) sería una forma más efectiva y menos costosa de optimizar recursos.
Más caro, menos claro
Ni la suspensión de las PASO, ni el desdoblamiento electoral en Buenos Aires, ni la BUP generaron el ahorro prometido. Por el contrario, las elecciones se encarecieron, y el contrato millonario con el Correo -incluyendo funciones antes reservadas a la Dirección Nacional Electoral- se cerró sin los estándares de transparencia que sí rigieron en 2021 y 2023. Eso es lo que advierten los especialistas.
De hecho, el ex titular de la DINE, Marcos Schiavi, afirmó que “la BUP no es más barata. Al contrario, su costo es claramente altísimo”.
Argentina tiene un sistema electoral que funciona, con resultados aceptados por todos los actores políticos. Si se pretende modificarlo, debe ser con fundamentos sólidos, con evidencia y sin mitos. Reformar por reformar, con promesas de ahorro que no se cumplen, puede ser más costoso de lo que parece. Y no sólo en términos presupuestarios.
