Emergencia en discapacidad: Alerta de escuelas privadas
AIEPA, la entidad que nuclea a las escuelas privadas, condenó la falta de actualización de valores y respaldó el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad que busca vetar el presidente Javier Milei.
Las instituciones educativas de gestión privada que trabajan con estudiantes con discapacidad expresaron su preocupación por la falta de actualización de los aranceles y la demora en los pagos de las prestaciones. Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) respaldaron el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad que se debate en el Congreso Nacional, y advirtieron sobre el riesgo de cierre de escuelas y la afectación de derechos básicos.
“El desfase entre los aranceles que cobramos y la inflación acumulada supera el 70%”, señaló Laura Giorgi, referente de educación especial de AIEPA. Según explicó, los costos operativos -especialmente los salarios docentes- sí se actualizan, pero los ingresos permanecen congelados, lo que genera un desequilibrio financiero sostenido. A esto se suma que la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, sostuvo Giorgi; y agregó: “Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El problema alcanza tanto a las escuelas especiales como a los niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes. En estos casos, se requieren apoyos complementarios como maestros integradores, psicopedagogos, fonoaudiólogos y acompañantes terapéuticos. “Hoy esos profesionales no pueden sostener su tarea por falta de condiciones mínimas”, indicó Giorgi.
El conflicto se agudizó a partir de diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador que regula los aranceles. Por esto, la entidad alertó que las actualizaciones previas siempre estuvieron por debajo de la inflación y que la situación acumulada llevó a muchas instituciones a operar con déficit o a reducir servicios. Algunas evalúan cerrar sus puertas.
Desde La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal del centro educativo Portal del Sol, señaló que “la red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada”. Su institución ofrece jornada extendida y comedor, y debe afrontar aumentos de tarifas y salarios sin variación en los montos que percibe. “Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, expresó.
En Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, describió un sistema burocrático que retrasa autorizaciones, pagos y reintegros. Explicó que una sesión de fonoaudiología se paga $12.370, pero los estudiantes necesitan varias por semana y deben cubrir además gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para empezar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio y los pagos en septiembre. Es insostenible”, afirmó.
Sequeira reclamó un rol más activo de la ANDIS: “Hace falta un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo”. Y subrayó: “Los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley”.
Desde AIEPA advirtieron que, si no se aprueba la ley de emergencia, muchas instituciones seguirán funcionando con cuotas congeladas, lo que pone en riesgo el sostenimiento de los servicios, los puestos de trabajo y la continuidad de la atención para miles de niños y adolescentes con discapacidad.
