Ley Bullrich: la Policía Federal avanza sin límites en el control digital
El nuevo estatuto de Bullrich le da a la Policía Federal más poder para espiar sin control judicial, infiltrarse en redes sociales y operar con agentes encubiertos en cualquier causa federal. Para CORREPI, se trata de una avanzada represiva que legaliza el espionaje político y habilita un cambio de régimen por la vía administrativa.
La semana pasada, la ministra Bullrich hizo modificaciones a la Ley Orgánica de la fuerza y creó un Departamento Federal de Investigaciones. Ambos cambios, como explica la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) María Verdú, significan un “verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos, garantías y, por ende, desaparición de las libertades democráticas que se producen a través de resoluciones, decretos e incluso leyes”.
El nuevo estatuto presenta a la Policía Federal como una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales y complejos, poniendo el foco en “organizaciones criminales y la protección al Estado”.
Además, agrega funciones y facultades a las fuerzas. Este es el punto de conflicto: ahora pueden hacer inteligencia criminal y actuar en espacios públicos digitales sin orden judicial. También se crea la Dirección General de Inteligencia Criminal para acompañar esa tarea.
La figura del infiltrado ya estaba prevista por ley, pero ahora se habilita también su actuación en el ámbito digital. Aunque el discurso oficial insiste en el narcotráfico como justificación, la norma es clara: las tareas de inteligencia no se limitan a ese delito, sino que abarcan cualquier investigación de competencia federal, desde ciberdelitos hasta delitos económicos o políticos.
La situación es compleja, no solo por la figura del infiltrado, sino también por la del agente revelador. Este, de manera encubierta, busca inducir o comprobar que una persona está dispuesta a cometer un delito, algo que en el ámbito digital resulta aún más riesgoso. María Verdú remarcó un ejemplo: “Pueden meterse en un foro de debate, ‘apoyemos a los jubilados y jubiladas’, y proponer ‘basta de que nos peguen todos los miércoles, ¿por qué no vamos con un par de bates de béisbol?’ Si alguien contesta con un gif de un bate, es motivo suficiente para detenerlo”, explicó.
Desde el Ministerio de Seguridad justificaron la expansión de estas prácticas: “Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos”.
Desde CORREPI advierten que no se trata solo de un avance represivo, sino de un blindaje legal sin precedentes. “Todos y todas somos víctimas de estas tareas de espionaje desde hace mucho”, dijo María del Carmen Verdú, pero advirtió que ahora “lo están legitimando con normas que tienen fuerza de ley”. Recordó que esos decretos fueron dictados mientras el Presidente tenía facultades legislativas delegadas, por lo que cualquier intento de impugnarlos requeriría primero derogar la Ley Bases.
El cambio que realizó Bullrich va en línea con las políticas que impulsa como ministra de Seguridad: no fortalecen la protección de los ciudadanos, sino que habilitan a las fuerzas a actuar de manera imprudente, bajo la excusa de hacer justicia.
