Con la excusa de la eficiencia, Milei desmantela políticas esenciales contra los femicidios
El Gobierno eliminó dos programas clave para asistir a víctimas de violencia de género, en línea con su política de ajuste y desmantelamiento del Estado.
En una nueva muestra del ajuste sin contemplaciones y con fuerte sesgo ideológico, el Gobierno nacional decidió dar de baja dos programas fundamentales en la lucha contra la violencia de género. A través de la Resolución 466/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia (conducido por Mariano Cúneo Libarona), puso fin al Programa Acercar Derechos y al Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad, ambos creados bajo la órbita del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La medida, que forma parte del proceso de “reorganización del Estado” impulsado por el presidente Javier Milei, vuelve dejar a las mujeres y diversidades en una posición de mayor vulnerabilidad. En nombre de la eficiencia y la “verificabilidad de resultados”, el Gobierno desmantela herramientas diseñadas específicamente para prevenir situaciones de violencia por motivos de género, en un contexto donde los femicidios y agresiones no han cesado.
Programas eliminados: retroceso en políticas públicas
El Registro Nacional de Organizaciones Sociales tenía como objetivo acompañar y fortalecer el trabajo de cientos de colectivos en todo el país que operan en el territorio para asistir a mujeres y personas LGBTQI+. Su implementación comenzó durante la gestión de Ayelén Mazzina, última titular del Ministerio de las Mujeres antes de su disolución.
Por su parte, el Programa Acercar Derechos ofrecía asistencia directa a personas en situación de violencia de género desde una mirada interseccional e intercultural. Fue concebido como una herramienta de cercanía estatal, con equipos interdisciplinarios que trabajaban en terreno.
El Gobierno justificó la eliminación de estos programas amparado en un informe de la Unidad de Auditoría Interna, que detectó deficiencias en la implementación. Según ese relevamiento, el 38% de los casos asistidos por Acercar Derechos no mostraba acciones de seguimiento, mientras que el 75% no tenía actualizaciones en más de seis meses. Además, el 26% de los expedientes carecía de una estrategia de abordaje clara.
A esto se sumaron observaciones sobre faltas formales: informes sin firma profesional, documentación incompleta y ausencia de articulación entre registros. En palabras del propio texto oficial: “La auditoría concluyó que el circuito implementado por el Ministerio para el seguimiento de las personas asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control”.
Sin embargo, lejos de fortalecer estos dispositivos o corregir sus falencias, el Gobierno optó por eliminarlos completamente, en sintonía con su línea de achicamiento del Estado, sin importar las consecuencias humanas.
Una lógica que reproduce la violencia desde el poder
La motosierra no es solo económica: es también simbólica e ideológica. La eliminación de políticas con perspectiva de género no ocurre en el vacío, sino en un clima en el que el propio presidente ha promovido y sostenido una narrativa violenta y descalificadora, especialmente hacia las mujeres.
Sus ataques públicos a figuras como Lali Espósito (a quien llamó reiteradas veces de manera despectiva “Lali Depósito”) o la periodista Julia Mengolini no son hechos aislados, sino señales del lugar que ocupa el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres en el proyecto lbiertario: un blanco sistemático de hostigamiento.
Ajuste, cinismo y desprotección
“La reasignación de recursos debe orientarse hacia iniciativas útiles por el bien común y respaldadas por evidencia empírica”, sostiene la resolución firmada por Cúneo Libarona, sin ofrecer alternativas ni programas nuevos que cumplan esa función. En la práctica, el Estado deja de tener herramientas concretas de asistencia frente a la violencia machista.
Mientras los discursos de odio se multiplican en redes sociales, muchas veces amplificados por el ejército de trolls oficialistas, las mujeres en situación de violencia pierden canales de atención, contención y protección. Y eso, en un país donde cada 35 horas una mujer es asesinada por razones de género, no es menor.
La resolución instruyó a distintas dependencias del Ministerio de Justicia para llevar adelante la derogación efectiva de los programas, pero sin detallar cómo se garantizará la continuidad de la atención a personas que ya estaban siendo asistidas, ni con qué recursos se suplirá el vacío que dejan estas herramientas.
En nombre de una eficiencia fría y deshumanizada, el Gobierno de Milei continúa profundizando un ajuste que recae con particular crudeza sobre los sectores más vulnerables. Esta vez, el golpe fue directo sobre quienes enfrentan la violencia machista día a día. Y el Estado, lejos de estar presente, se borra.
