¿En qué consiste la ley de Emergencia en Discapacidad que aprobó el Senado por unanimidad?
La norma declara la emergencia hasta 2026, actualiza aranceles, refuerza pensiones y busca evitar el colapso de un sistema al borde del abandono.
En medio del huracán político que provocó la la sanción del aumento a jubilados, la restitución de la moratoria previsional y otras medidas de fuerte impacto social, el Senado también aprobó (por unanimidad) una iniciativa que pasó algo más desapercibida pero que puede representar un punto de inflexión para un sector históricamente relegado: la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con 56 votos afirmativos y sin negativos ni abstenciones, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que había sido aprobado en Diputados con amplio respaldo opositor. La Libertad Avanza, el PRO y algunos bloques aliados decidieron no dar quórum y ausentarse, al considerar inválida la convocatoria. A pesar del boicot oficialista, el resto del Senado avanzó con una sesión que el Gobierno calificó como “inconstitucional”, y que terminó siendo una fuerte derrota política para Javier Milei, quien ya anticipó que vetará la ley por su “impacto fiscal”.
¿Qué establece la ley?
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque su aplicación efectiva se extendería hasta el final del mandato presidencial. El objetivo central es garantizar el financiamiento adecuado y sostenible de las prestaciones, pensiones y servicios para personas con discapacidad, en un contexto de creciente desfinanciamiento del sistema.
Entre los puntos más destacados, la ley:
- Ordena actualizar de forma mensual los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, hoy severamente desactualizados.
- Fija un monto mínimo para las pensiones no contributivas, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, que será automáticamente indexado por el IPC.
- Exige la recomposición retroactiva de las prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023, mes en que el ajuste fue de apenas el 0,5%.
- Establece nuevas auditorías y mecanismos de transparencia en la asignación de beneficios, en especial el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuya tramitación actual es considerada “engorrosa y arbitraria”.
- Refuerza el presupuesto destinado a talleres protegidos de empleo, donde miles de personas con discapacidad trabajan actualmente con ingresos inferiores a la línea de indigencia.
- Crea un régimen de emergencia para la regularización de deudas con prestadores, muchos de los cuales denuncian retrasos de meses en los pagos por parte del Estado y obras sociales.
Un sistema al borde del colapso
La aprobación de la ley llega en un contexto dramático para las personas con discapacidad y los profesionales que las asisten. Desde diciembre, los prestados no reciben actualizaciones y muchos comenzaron a abandonar el sistema. “Muchos cobran menos que un albañil”, denunció el senador Luis Juez (PRO), uno de los aliados del Gobierno que rompió filas para votar a favor de la norma.
Juez, cuya hija Milagros tiene parálisis cerebral, pronunció uno de los discursos más conmovedores de la jornada: “Nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad. El Estado tiene que hacerse cargo. Y eso no es un gasto”, dijo con la voz quebrada, frente a un recinto que escuchaba en silencio, conmovido.
“Nuestros hijos NO SON UN NUMERO, no son una contabilidad. Y se merecen el mismo respeto que tenemos todos nosotros.”
— Joel (@Joepsi) July 10, 2025
Dijo el senador Luis Juez, ex pro. Este senador acompaño en todas las votaciones a Milei.
Hoy no vota como esperaba Milei, tiene una hija con discapacidad. pic.twitter.com/3MHBpgRVE0
Su testimonio personal funcionó como una potente respuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras la votación reafirmó que el “equilibrio fiscal no se negocia”, anticipando el veto presidencial.
El costo fiscal y el argumento del Gobierno
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal estimado de la ley ronda los 1,8 billones de pesos, aunque podría duplicarse dependiendo de cuántos nuevos beneficiarios ingresen al sistema. También se proyecta un gasto de $278.000 millones para compensar el desfasaje entre prestaciones e inflación, y otros $7.160 millones para los talleres protegidos.
Para el Ejecutivo, este nivel de erogación pone en riesgo el objetivo del “déficit cero”. Sin embargo, los bloques opositores insisten que se trata de una inversión social urgente, tras años de precarización, desidia y abandono.
“Esta ley no es una reparación, es apenas un acompañamiento. Pero es un primer paso”, afirmó el senador Fernando Salino (Convicción Federal), quien además remarcó la necesidad de revisar el sistema de certificación de discapacidad, cuestionado por su burocracia.
¿Y ahora?
Con la ley ya sancionado, el Gobierno se apresta a vetarla, en un escenario de creciente tensión institucional. El presidente Milei advirtió que si el Congreso insiste con la ley, la llevará a la Justicia, y si esta última se expide a favor, la revertirá en diciembre próximo con nuevas mayorías legislativas.
Pero lo cierto es que la ley de emergencia en discapacidad cuenta con un respaldo transversal que trasciende partidos, territorios, estrategias y superávits fiscales. Incluso sectores del oficialismo reconocieron la legitimidad del reclamo.
En palabras de la senadora Stefania Cora (PJ), “el Estado está en deuda. Esta norma establece requisitos claros y pone en marcha un sistema que hoy no funciona”. El Senado, por una vez, miró lo invisible. Y lo convirtió en ley.
