Provincia extiende la emergencia por el temporal mientras Nación se desentiende de la crisis
Las obras para reparar hospitales, escuelas y rutas dañadas siguen en marcha, mientras la Provincia enfrenta la falta de apoyo financiero del Gobierno Nacional.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en los partidos del sudoeste bonaerense afectados por el devastador temporal del 7 de marzo de 2025. La medida fue oficializada a través del Decreto N° 1568/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, y busca dar continuidad a las tareas de asistencia, reconstrucción y recuperación en municipios como Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarno, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí.
Esta prórroga, que extiende lo dispuesto en los Decretos N° 316/25, se enmarca en la Ley N° 11.340, tiene como objetivo garantizar el avance de los procedimientos ya iniciados para mitigar los efectos de las inundaciones. Entre las acciones en curso se destacan la entrega de subsidios, la provisión de materiales de construcción y la postergación de vencimientos impositivos para los afectados.
“Existen varios procedimientos que se encuentran en curso”, explicaron desde el Ejecutivo bonaerense, y destacaron que las consecuencias del temporal aún impactan en la vida cotidiana de los vecinos. Las zonas más afectadas sufrieron cortes de caminos, daños severos en hospitales, escuelas y rutas, además de interrupciones en las vías de comunicación. Para responder a esta situación, la Provincia trabaja junto a los municipios en la ejecución de obras para reparar la infraestructura dañada.
Un contraste marcado: el silencio de Nación
La decisión de la provincia contrasta con la postura del Gobierno Nacional, que a fines de junio vetó por completo la ley que declaraba la emergencia nacional en Bahía Blanca y otras zonas del sudoeste bonaerense. La norma, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, había sido aprobada con amplio respaldo en el Congreso y contemplaba la creación de un fondo de $200 mil millones para atender la crisis.
El presidente Javier Milei frenó la medida argumentando que “ya se habían tomado acciones” mediante decretos previos, y cuestionó la falta de previsión presupuestaria en la iniciativa legislativa. La decisión fue plasmada en un decreto presidencial que sostuvo que la ley era “innecesaria”.
El veto generó fuertes críticas desde sectores opositores y autoridades locales. En declaraciones recientes, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó que solo su ciudad necesita cerca de $400 mil millones para recuperar toda su infraestructura. Con esta cifra, la ayuda contemplada por la ley vetada apenas habría cubierto la mitad de la necesidades de un solo municipio.
La falta de acompañamiento por parte del Gobierno Nacional profundiza la sensación de abandono entre los damnificados. Mientras la provincia sostiene sus esfuerzos para continuar con la reconstrucción, Nación se ha retirado del debate, cerrando cualquier posibilidad de un auxilio financiero específico para una de las peores catástrofes climáticas de los últimos años en el territorio bonaerense.
