El Gobierno reformó la Agencia de Innovación y activó una señal de alerta en el sistema científico
La nueva estructura concentra decisiones en solo tres funcionarios designados por el Ejecutivo y restringe el acceso a fondos para proyectos científicos.
Con el Decreto 447/2025, el presidente Javier Milei avanzó en una nueva etapa del ajuste estatal, esta vez con foco en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Agencia I+D+I). El organismo, creado en 2020 bajo la gestión de Alberto Fernández para fomentar proyectos científicos y tecnológicos, fue reestructurado con el argumento de mejorar su eficiencia y adaptarse a los “nuevos desafíos del contexto global”. Pero detrás del rediseño institucional se esconde una fuerte concentración de poder, reducción de participación y debilitamiento de su capacidad de decisión.
La reforma, que modifica el anterior Decreto N° 157/2020, elimina ocho de los once cargos que componían el Directorio de la Agencia. A partir del 4 de julio, la toma de decisiones quedará en manos de un Comité Directivo compuesto por solo tres personas: un presidente (con rango de secretario) y dos directores ad honorem, tomos designados y removidos directamente por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
Según los fundamentos del decreto, la reducción de cargos responde al objetivo de “mejorar su funcionamiento mediante la toma de decisiones de manera ágil y eficiente” y corregir un “sobredimensionamiento de la estructura estatal”, que aún cuando los puestos eran ad honorem, generaban “gastos de viático y comisiones”.
Sin embargo, esta concentración de decisiones genera preocupación en el ámbito científico. El Directorio de la Agencia tenía como función clave evaluar y seleccionar los proyectos que recibirían apoyo económico. Ahora, con la nueva estructura, esa tarea quedará sujeta a criterios definidos por un grupo mucho más reducido y directamente subordinado al Poder Ejecutivo.
El ex ministro de Ciencia y actual titular de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza, calificó la medida como “otra provocación de un gobierno de ignorantes”. En su visión, ese tipo de reformas desconoce el funcionamiento real del sistema científico y socava su inconstitucionalidad. “Las líneas prioritarias y estratégicas en ciencia y tecnología se establecen en los planes que las autoridades presentan al Congreso. Por ejemplo, el vigente Plan 2030. No precisamos decretos, sólo tener un plan para la ciencia”, afirmó.
La Agencia I+D+i depende de tres fondos fundamentales para el desarrollo del sistema científico nacional: el FONCyT (para investigación básica y aplicada), el FONTAR (para innovación en empresas) y el FONARSEC (para sectores estratégicos). El nuevo marco legal refuerza la lógica de transferencia tecnológica y vinculación con el sector privado, al tiempo que habilita a la Agencia a operar con financiamiento externo, firmar convenios y actuar legalmente en litigios.
En los hechos, se avanza hacia un esquema donde el financiamiento público queda en segundo plano y gana peso la exigencia de factibilidad económica, análisis de riesgo y sostenibilidad financiera. Las convocatorias por concurso o licitación, que garantizaban cierto nivel de transparencia y evaluación académica, quedan desplazadas por procedimientos más restrictivos.
Esta reestructuración se da a pocos días del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo por la Ley de Bases. Lejos de ser un gesto aislado, puede interpretarse como una señal sobre lo que vendrá: rumores ya circulan sobre posibles cambios en el CONICET, otro organismo emblemático del sistema científico argentino y de mucha mayor representatividad en la comunidad.
Mientras tanto, la Agencia I+D+i quedó bajo un mando concentrado, con funciones ampliadas pero con menor participación y sin garantías claras de financiamiento nacional. En nombre del déficit cero y la “eficiencia”, el Gobierno avanza con una reforma que no solo achica el Estado, sino que también restringe el debate y la pluralidad en la definición de políticas científicas.
