Milei apeló el fallo por YPF con los mismos argumentos que usó Kicillof un día antes
El Gobierno pidió suspender el fallo en EE.UU. que ordena entregar acciones de YPF, mientrasen el Gobierno bonaerense sospechan sobre una negociación encubierta.
En una jugada que refleja un giro en su estrategia, el gobierno de Javier Milei presentó ante la Justicia de Estados Unidos un pedido para suspender el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. El argumento central del escrito oficial sostiene que la sentencia generaría “un daño irreparable” para el país.
Lo llamativo del caso es que, apenas unas horas antes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había calificado la decisión judicial como un “disparate jurídico” y había exigido al presidente Milei “defender a la Argentina y a YPF”. Aunque el Ejecutivo nacional pasó gran parte de su tiempo responsabilizando a Kicillof por el origen del conflicto legal, finalmente terminó adaptando una línea de defensa muy similar a la que planteó el mandatario provincial en su conferencia de prensa.
“La jueza está invadiendo una jurisdicción”, se expresa el documento presentado por la defensa argentina, donde se remarca que las acciones de YPF “no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles” por estar registradas en la Caja de Valores. También se alega que, según la Ley 26.741, cualquier transferencia de ese paquete accionario requiere la aprobación del Congreso Nacional con una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno” , indica el texto presentado.
La estrategia legal del gobierno incluye la presentación de una apelación formal en los próximos días y, como medida cautelar, se solicitó la suspensión de la orden de Preska hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie. Incluso se advirtió que, si no se concede esta suspensión, se pedirá directamente a esa corte superior que frene la ejecución del fallo. El equipo legal considera que si las acciones fueran transferidas antes de que se resuelva la apelación, “el daño ya sería irreversible”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, expresaron los abogados del Estado argentino en el escrito, alertando sobre la posibilidad de que los fondos litigantes vendan las acciones antes de que el proceso llegue a su fin. Además, el gobierno remarcó la relevancia estratégica de YPF, señalando que es “la principal empresa energética del país”, que emplea a más de 23.000 personas y cuyo control está resguardado por la ley.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien oficializó la postura del Gobierno a través de sus redes sociales: “El Gobierno solicitó la suspensión del fallo y trabaja en la apelación”, expresó. Adorni insistió en que la sentencia “es jurídicamente inaplicable” por contradecir la legislación argentina.
El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka y trabaja en la apelación.
— Manuel Adorni (@madorni) July 2, 2025
La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad…
Lo que generó mayor revuelo político fue la similitud entre la defensa y la que expuso Kicillof la noche anterior, cuando aseguró que “ningún fallo o escrito de una jueza extranjera tiene más peso que la Constitución Nacional”. El Gobernador fue aún más duro al insinuar que detrás de los ataques de Milei podría haber un intento de encubrir un acuerdo con los fondos buitres: “Si en un posteo dicen que van a apelar, pero me insultan y me echan la culpa, le están dando la razón a los demandantes y muchas herramientas para el juicio”, afirmó. También sugirió que podría tratarse de una “apelación maquillaje”, más orientada a los medios que a una defensa efectiva, mientras se negocia por otro canal.
En este sentido, fuentes cercanas a la causa sostienen que, si bien el gobierno descarta por ahora una negociación con Burford, esa alternativa podría reactivarse si no prospera la apelación. Sin embargo, cualquier acuerdo con los fondos debería pasar por el Congreso, donde el oficialismo enfrenta un escenario legislativo adverso.
Desde el Ejecutivo confirmaron que están cumpliendo los plazos judiciales y que el proceso de apelación será presentado dentro del plazo de 14 días hábiles fijado por la jueza. En la elaboración del escrito participaron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el procurador general Eduardo Casal. También intervino la Procuración del Tesoro, actualmente encabezada por Santiago Castro Videla, que mantiene la representación legal a través de los estudios Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Finalmente, cabe destacar que en su fallo, Preska reconoció que el Congreso argentino tiene herramientas para autorizar la transferencia de acciones, pero cuestionó que el Estado “se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal”. En esa línea, la jueza sugirió que el país tiene tres caminos: conseguir aprobación legislativa, modificar la ley vigente o llegar a un acuerdo con los demandantes.
