El Gobierno postergó cambios en el Banco de Datos Genéticos tras el reclamo de Abuelas
Mariana Herrera Piñero seguirá al frente del BNDG por decisión oficial, mientras siguen sin resolverse otros reclamos de Abuelas de Plaza de Mayo.
La presión social y judicial también puede marcar la agenda del Gobierno. Así lo demostró el reciente fallo a favor de uno de los pedidos de Abuelas de Plaza de Mayo, que había solicitado a la Justicia frenar lo que calificó como una “intervención de facto” en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). A raíz de esta presentación, y en un contexto de reestructuración del organismo, el Ejecutivo decidió prorrogar la designación de Mariana Herrera Piñero como directora general técnica del BNDG.
El Decreto 422/2025, publicado este lunes 23 de junio en el Boletín Oficial, extiende la permanencia de Herrera Piñero en su cargo a partir del 17 de mayo de este año y hasta tanto se lleve a cabo el concurso público correspondiente. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y apunta a garantizar el funcionamiento del organismo en tanto se desarrolla el proceso de selección exigido por la Ley 26.548.
Este nombramiento prorrogado responde de manera directa a uno de los tres planteos que la organización encabezada por Estela de Carlotto elevó ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín. El reclamo, presentado dos semanas atrás, buscaba frenar los efectos del Decreto 351/2025, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado y que, según Abuelas, abría la puerta a una intervención contraria a los marcos legales establecidos.
Además de pedir la continuidad de Herrera Piñero, la presentación judicial solicitó que se preserven las muestras biológicas y genéticas del banco, y que se declare la inconstitucionalidad del decreto que modificó su estructura. Por ahora, el Gobierno sólo accedió al primer punto; sobre los otros dos, no se han producido definiciones judiciales ni respuestas oficiales.
El BNDG es una institución clave en el proceso de identificación de víctimas y apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Su rol en la investigación de delitos de lesa humanidad lo convierte en un símbolo sensible para los organismos de derechos humanos, que temen que las reformas impulsadas por la administración libertaria comprometan su autonomía y eficacia.
La prórroga, entonces, no sólo es una decisión administrativa. También representa un gesto político frente a los cuestionamientos y reclamos de una de las organizaciones más emblemáticas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.
