A toda marcha y sin freno, Milei acelera recortes, fusiones y desregulaciones antes del 8 de julio
Con seis decretos en un día, el Gobierno avanza en la eliminación de programas, fusión de organismos y desregulación antes de que se venzan las facultades delegadas.
El gobierno de Javier Milei avanza a toda velocidad con su plan de ajuste, reestructuración del Estado y desregulación económica, en una ofensiva que parece haberse identificado a medida que se acerca el 8 de julio, fecha límite para el uso de las facultades delegadas por el Congreso. En ese marco, este miércoles se publicaron en el Boletín Oficial al menos seis decretos que incluyen la eliminación de programas de promoción productiva, la disolución de fideicomisos clave, la flexibilización del control de armas semiautomáticas y la reestructuración de organismos de científicos y técnicos.
Entre las medidas centrales se destaca el Decreto 396/2025, que dispone la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), y transforma al Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Según el Ejecutivo, estas acciones buscan generar “una mayor eficiencia administrativa y funcional”, además de reducir el gasto público.
En el caso del INPRES y el SEGEMAR, se argumentó que ambos organismos comparten áreas de actuación vinculadas a las geociencias, riesgos geológicos y la generación de información técnica para la gestión del territorio. “La fusión permitirá centralizar las capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado”, señalaron desde el Ejecutivo.
Respecto al INA, su conversión en una unidad dentro de la Secretaría de Obras Públicas busca “fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica”, sin afectar las funciones técnicas esenciales. La medida también apunta a “simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades de apoyo”, con una gestión alineada a los criterios del Ministerio de Economía.
Desregular y sólo desregular
En paralelo, mediante el Decreto 408/2025 se eliminaron cinco regímenes de promoción productiva (incluyendo los destinados a la ganadería ovina, caprina y de búfalos, así como al gusano de seda y la cría de llamas) y se derogaron las leyes que los sustentaban. El Gobierno argumentó que estas decisiones buscan desregular el comercio, la industria y los servicios, en línea con su modelo de libre mercado.
Además, se disolvieron el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP (clave para el Programa Hogar que provee garrafas a sectores vulnerables), aunque se garantizó la continuidad del beneficio bajo la coordinación del Ministerio de Economía y la ANSES. También se derogó la Ley 17.606, que exigía registro y guía sanitaria para el transporte de plantas, por considerarla “burocrática y costosa”.
Por último, el Decreto 397/2025 flexibilizó la regulación sobre armas semiautomáticas y habilitó, bajo condiciones específicas, el acceso de civiles al armamento de uso militar con fines deportivos. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) será la encargada de aplicar el nuevo régimen, que reemplaza una normativa que llevaba más de 30 años en vigor.
Con este paquete de medidas, desde la Casa Rosada aseguran que el Gobierno “reafirma su compromiso con una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a resultados y al bien común”, en un contexto en el que la motosierra libertaria parece estar más afilada que nunca.
