El mismo tribunal que definirá el futuro de CFK otorgó la domiciliaria a un represor condenado

En las próximas horas, el Tribunal Oral Federal 2 deberá definir si concede o no la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de su condena en la causa Vialidad. La decisión genera expectativa política y judicial, pero también reabre un debate profundo sobre los criterios con los que este mismo tribunal (integrado por Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu) viene resolviendo causas sensibles.

Silvia Fontana, conductora del programa Sembrando Derechos, fue convocada el pasado de mayo por el TOF 2 como parte de la aplicación de la Ley de Víctimas, que permite a sobrevivientes y familiares de crímenes graves expresar su posición ante pedidos de beneficios judiciales para los condenados. En este caso, se trataba del genocida Héctor Horacio Marc, condenado en 2016 por delitos de lesa humanidad en el circuito represivo ABO (Atlético, Banco, Olimpo).

“El 7 de mayo fuimos llamados mediante lo que se conoce como Ley de Víctimas. Ante algún pedido de beneficio como arresto domiciliario, libertad condicional o algún beneficio que quieran tener esos genocidas, somos llamados los sobrevivientes y familiares para pedir nuestra opinión”, explicó Fontana. “A veces es medio que no se entiende bien, pero creo que es importante que exista la ley, a pesar de que uno tenga que remover toda la situación y volver a contar todo”.

Marc, quien tiene 74 años, pidió el beneficio por supuestos problemas de salud. Sin embargo, Fontana fue tajante: “Puedo asegurar que las enfermedades que aduce son problemas de cualquier persona de esa edad. El Ministerio Público Fiscal siempre sostiene que deben ser tratadas en el establecimiento penal”.

La historia personal de Silvia aporta un testimonio clave: su hermana y su cuñado fueron secuestrados durante la dictadura, y ella estuvo presente en ese operativo. “Luego de casi 40 años, en el último juicio en 2016, pude reconocer, a través de fotos de la época que me mostraron, a Marc como una de las personas que había estado en el secuestro de mi hermana y mi cuñado en el domicilio de mis padres”.

Pese a su testimonio y al rechazo del Ministerio Público, el 13 de junio el tribunal resolvió que Marc continúe con arresto domiciliario en Bariloche, a pesar de haber sido denunciado previamente por violencia de género. “El tribunal consideró que debe seguir. Se anula en su momento el arresto domiciliario, pero se suspende el traslado porque la distancia era muy grande y se quedaron en esa cuestión de hacer pericias médicas”, explicó Fontana, en diálogo con Código Baires.

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Para ella, la comparación entre su caso y el de Cristina Kirchner no puede evitarse. “Todavía no se conoce lo que pasará con Cristina en cuanto al arresto domiciliario. No se entiende por qué habría una determinación distinta”, reflexionó. “Yo puedo asegurar que los sobrevivientes que han pasado por las manos de estos asesinos, el discurso o su forma de explicar lo que ellos sienten ante la posibilidad de encontrarse con alguno de estos genocidas es muy angustiante”.

Y agregó una denuncia grave: “Hay muchísimos casos de genocidas que no cumplen con sus domiciliarias, que se sacan las tobilleras y salen a hacer mandados. Marc ha sido uno de esos”.

Fontana concluyó con una definición contundente sobre el valor de la justicia en democracia: “Nosotros, a diferencia de ellos, sostenemos que nuestra venganza no pasa por ahí. Nosotros hablamos de justicia, lo que ellos no hicieron. La justicia para nosotros, en este caso de delitos de lesa humanidad, es cárcel común”.

Mientras el país aguarda la resolución sobre el pedido de prisión domiciliaria de CFK, la historia de Silvia Fontana vuelve a poner sobre la mesa los dilemas del Poder Judicial argentino y sus decisiones dispares frente a distintos actores políticos y judiciales.