Cambios en la PFA: Bullrich habilitó detenciones y ciberpatrullaje sin orden judicial
El presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich pusieron en marcha un plan que otorgó más poder a la PFA y genera preocupación en sectores políticos y de derechos humanos. Los detalles.
El Gobierno nacional presentó este martes una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que apunta a convertirla en una fuerza de investigación al estilo del FBI de Estados Unidos, pero la habilita a realizar ciberpatrullajes y llevar a cabo requisas y detenciones con total discrecionalidad y sin orden judicial.
El plan, denominado Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación, modifica la Ley Orgánica de la fuerza y crea un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con el objetivo de concentrar las tareas en delitos federales y complejos como narcotráfico, trata de personas y crimen organizado.
Pero hay un punto que llamó la atención, pues podría habilitar excesos de parte de las fuerzas que comanda Patricia Bullrich y hasta violaciones a derechos fundamentales. Puntualmente, la reforma, establecida a través del decreto 383/2025, habilita a la Policía a realizar detenciones preventivas sin orden judicial cuando existan "circunstancias fundadas" de que una persona haya cometido o pueda cometer un delito, y no pueda acreditar su identidad.
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Así lo estipula el decreto en el Anexo 1, Capítulo II, Artículo 6 Inc. 7, donde entre las "Funciones y atribuciones" de la Policía establece: "Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de DIEZ (10) horas".
Y añade: "Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza con el fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones".
Nuevo DFI de la PFA.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 17, 2025
Una fuerza de elite, con un solo objetivo: ir al hueso del crimen organizado.
Investigación, inteligencia criminal, territorialidad y decisión. pic.twitter.com/doJ6TmQZQ3
En tanto, otra de las modificaciones del decreto es que permite el desarrollo de inteligencia criminal sin autorización y el monitoreo de redes sociales sin supervisión previa judicial. Este punto está contenido en el Inc. 11 que afirma: "Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente".
De acuerdo a lo expresado por Bullrich, el proyecto busca crear "una policía más eficiente, con personal altamente capacitado y orientada a su misión principal", aunque según el documento parece más enfocado en sortear las garantías judiciales y procesales de los ciudadanos.
Por ello, la reforma generó críticas de sectores políticos, judiciales y de organismos de derechos humanos, debido al riesgo de detenciones arbitrarias y vigilancia sin control; como así también despertó tensiones con otras fuerzas federales, como Gendarmería y Prefectura, por el aumento del poder de la PFA.
